Carolina Fung Feng es una de los más de 600,000 dreamers que esperan con incertidumbre un proceso en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que a partir de este martes analiza la decisión del presidente Donald Trump de terminar con un programa que los protege de la deportación.
Al igual que otros dreamers, Carolina llegó a Estados Unidos siendo niña y está en un limbo jurídico desde que Trump eliminara en 2017 el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que les permite trabajar, estudiar y conducir, y evita su deportación a distintos países.
Carolina, quien llegó a Estados Unidos desde Costa Rica cuando tenía 12 años, es parte de la demanda que llegó a la Suprema Corte y que permite que el programa siga vigente provisoriamente.
Este martes Carolina tenía previsto al tribunal, donde nueve jueces ya deciden su destino. De ellos cinco son conservadores, dos de ellos nombrados por Trump.
Yo espero que los jueces escuchen nuestro caso y entiendan que somos humanos, que tenemos casas, familias,
explicó a la AFP.
“Y su decisión no sólo me impacta a mí como individuo, sino también a mi familia y a mi comunidad”, contó Carolina que junto a decenas de dreamers, familiares y activistas, caminó durante 16 días 370 kilómetros entre Nueva York y Washington para asistir al proceso.
Cuando en 2012 el gobierno de Barack Obama anunció un programa para proteger de la deportación a cerca de más 600,000 jóvenes llegados a este país sin papeles cuando eran niños, la mayoría sintió gran alivio, que ahora se convirtió en incertidumbre.
El plan estaba pensado como un arreglo temporal para darle tiempo al Congreso a legislar. Pero los representantes nunca llegaron a un acuerdo y en 2017 Trump canceló el programa.
Para Carolina, formar parte de la demanda que analiza la Suprema Corte, cuyo resultado no se espera antes de 2020, en plena campaña electoral en Estados Unidos, significa ser la voz de otros jóvenes como ella y también de los cerca de 10.5 millones de indocumentados que viven en el país.
Según los datos del Servicio de Ciudadanía y de Inmigración (USCIS), hay registrados 660,000 beneficiarios del DACA, de los cuales 529,760 (un poco más de 80%) llegaron desde México, pero también hay jóvenes que llegaron desde El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Corea del Sur y Brasil, entre otros.
Vida entre las sombras
Los tribunales que tomaron los recursos a favor de los dreamers señalaron que la suspensión del programa había sido decidida de forma “arbitraria” y “caprichosa”, pero el representante del gobierno ante la Suprema Corte, Noel Francisco, argumentó en septiembre que el procedimiento para terminar con DACA fue “legal” y “racional”.
Antonio Alarcón, de 25 años, es otro de los demandantes del caso. Llegó a Estados Unidos desde México cuando era niño.
Cuando recibió su estatuto DACA sintió que por fin era “reconocido” por Estados Unidos, después de pasar años “viviendo en las sombras”.
Si la Corte le da la razón a Trump, los dreamers no van a ser expulsados automáticamente, pero se convertirán en indocumentados, con todo lo que esto implica.
Para Antonio, esto implicaría un cambio en su “estilo de vida” pero dijo estar confiado, ya que sus padres le enseñaron a “ser un guerrero”.
Muchos de nuestros padres todavía son indocumentados y nuestros familiares son indocumentados y ellos sobreviven de alguna manera,
afirmó Antonio.
Dreamers, una moneda de cambio
El DACA estuvo a principios de este año en el centro de un enfrentamiento entre Trump y los legisladores demócratas, que derivó en una paralización parcial del gobierno federal por más de un mes por falta de financiamiento.
Trump ofreció dar protección temporal a los dreamers a cambio de que le aprobaran 5,700 millones de dólares para construir el muro fronterizo con México, su propuesta insigne para frenar la inmigración irregular. El planteo fue rechazado.
Trump decidió ir a la Suprema Corte para que ellos hagan el trabajo sucio de terminar con el programa, para que él pueda usar a los beneficiarios de DACA como una moneda de cambio,
dijo a la AFP Daniel Briones, un dreamer de 30 años que vive en Texas.
“Él quiere usarnos para construir el muro”, agregó.
Esto también podría redefinir los límites de la autoridad del ejecutivo, indicó Steven Schwinn, un académico de derecho de la Universidad de Chicago.
“El caso plantea importantes preguntas sobre la capacidad del presidente de llevar a cabo políticas mediante la no aplicación de la ley y la discreción ejecutiva”, dijo Schwinn.
Corte Suprema empieza a escuchar argumentos
Los nueve jueces de la Corte Suprema comenzó este martes una audiencia para escuchar argumentos a fin de decidir sobre la legalidad de los esfuerzos del presidente Donald Trump para dar fin al DACA.
La corte con una mayoría conservadora 5-4 incluye a Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, dos jueces nombrados por Trump.
La Corte Suprema está escuchando las apelaciones del gobierno a fallos de tribunales inferiores en California, Nueva York y el distrito de Columbia, los que bloquearon las medidas de Trump y mantuvieron vigente a DACA.
Los tribunales inferiores determinaron que Trump violó una ley estadounidense llamada Ley de Procedimiento Administrativo al buscar poner fin a DACA.
Entre quienes presentaron demandas para detener las medidas de Trump figuran un grupo de estados como California y Nueva York, personas que actualmente están protegidas por el programa y grupos de derechos civiles.
“La decisión del presidente de poner fin a DACA (…) no solo fue ilegal, sino que fue contraria a los valores estadounidenses”, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, un demócrata.
El programa, que permite a inmigrantes idóneos obtener permisos de trabajo renovables de dos años, sigue vigente para aquellos que ya están inscritos, sin embargo, la actual administración se ha negado a aprobar nuevas solicitudes.
Con información de AFP y Reuters
