China castigó a varios funcionarios por fallar en controlar un brote de COVID-19 que generó casi 900 infecciones sintomáticas en todo el país en menos de un mes, un resurgimiento que complica la estrategia de Beijing de mantener el virus fuera por completo, de acuerdo con Bloomberg.

La ciudad de Yangzhou, en el este de China, emitió advertencias a cinco funcionarios por manejar mal las pruebas masivas que, según dijeron, permitieron que el virus siguiera propagándose. 

Los contagios en dicha urbe superaron a los de la cercana Nanjing, donde comenzó el brote impulsado por la variante delta y que acumula 308 casos confirmados. Seis pacientes están gravemente enfermos y, si alguno muriera, sería la primera muerte de COVID-19 en China en más de seis meses.

Global Times comentó que más de 30 funcionarios en todo el país, desde alcaldes y directores de salud locales hasta jefes de hospitales y aeropuertos, han sido castigados por negligencia y mal manejo de brotes locales.

Con contagios detectados en más de la mitad de sus 31 provincias, China está lidiando con su brote más amplio de COVID-19 desde que controló por primera vez el virus surgido en Wuhan a fines de 2019. 

La ciudad que albergó el epicentro de la pandemia también vio cómo las infecciones volvieron a arraigarse y durante el fin de semana, las autoridades de salud locales terminaron de evaluar a los 11.3 millones de residentes detectando nueve infecciones de transmisión local a los que se añadieron otros dos este lunes.

La provincia de Henan, en el centro de China, se enfrenta a un aumento de las infecciones a medida que continúa recuperándose de las inundaciones que causaron la muerte de más de 300 personas en julio. 

Pekín ha responsabilizado durante mucho tiempo a los funcionarios locales por la entrada del virus en China, culpándolos por no hacer cumplir diligentemente las precauciones y restricciones que permitieron que los brotes se convirtieran en brotes importantes en suelo nacional. 

Las medidas disciplinarias ocurren en un momento en que la variante delta pone a prueba el enfoque de “tolerancia cero” al COVID-19, que ha sido adoptado por naciones como Australia o Nueva Zelanda, pero no hay señales de que pretenda cambiar su estrategia.