Nota del editor: Este artículo se actualizó el 17 de julio a las 12:15 horas para precisar comentarios de directivas de Uber México respecto a un reportaje de The Verge que menciona EL CEO.
Los mexicanos que laboran en plataformas digitales como Uber, Rappi, Cabify o Sin Delantal, no tienen acceso a prestaciones sociales, dado que estas empresas no realizan el pago de impuestos y cuotas patronales, sin que ello signifique una violación a los derechos de los trabajadores.
Las plataformas de software ofrecen a sus ‘asociados’ el esquema de autoempleo, y para ello, conductores y repartidores deben registrarse en el padrón de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como prestadores de servicios, bajo el régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional.
El SAT tenía un padrón de 3.44 millones de contribuyentes bajo este régimen hasta mayo de este año.
Con este esquema, las empresas no están obligadas a entregar un contrato que otorgue garantías a los trabajadores, por lo tanto, tampoco tienen la obligación de pagar cuotas patronales para darles acceso a prestaciones como seguridad social, fondo de vivienda y ahorro para el retiro.
Uber, Didi o Rappi no ofrecen prestaciones sociales a los trabajadores, pero cobran a los socios un porcentaje por cada uno de los viajes o entrega a domicilio que realizan a través de sus aplicaciones móviles.
Las autoridades se mantienen al margen de la operación de estas empresas dado que no existe normativa que permita establecer si existe o no una relación laboral, pero en caso de que se probara, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá encargarse de que las compañías otorguen a los socios prestaciones laborales, como acceso a la seguridad social.
Definir si hay o no subordinación es una oportunidad para la legislación mexicana y estamos muy retrasados en este debate. El SAT ya graba el ingreso que perciben, el IMSS debe asumir si es que hay una relación laboral y en ese caso, habría que afiliarlos
dijo Juan Carlos de la Vega, socio encargado de temas laborales en Santamarina y Steta
Al cierre de 2018, Uber contaba con 250,000 socios, conductores y repartidores, y Rappi con más de 4,000 repartidores activos en sus plataformas en las ciudades del país en donde tienen presencia, de acuerdo con información de sus páginas oficiales.
Los conductores y repartidores forman parte de los 12.27 millones de mexicanos que trabajaban de forma independiente en el primer trimestre del año; y aunque pagan impuestos, no tienen acceso a sistemas de salud como el IMSS.
Los conductores y repartidores que requieren acceder a los servicios médicos del IMSS pueden hacerlo de forma voluntaria a cambio de un pago anual de 10,165.94 pesos, como cualquier otro trabajador independiente.
En el país, de 54.15 millones de trabajadores, formales e informales 33.77 millones no tiene acceso a servicios de salud pública, es decir, más de 60% de acuerdo con datos del INEGI.
La Organización Mundial del Trabajo (OIT), considera que, estas plataformas recrean prácticas laborales que se remontan al siglo XIX y pueden dar paso a futuras generaciones de jornaleros digitales.
Por lo que la OIT recomendó a los países situar a las personas y el trabajo que realizan en el centro de las políticas económicas y sociales y de la práctica empresarial para garantizar la protección social y el acceso a ciertos derechos laborales.
UberEats, en tanto, mantiene en riesgo el trabajo de repartidores y evitó el pago de seguros a cinco repartidores de ocho lesionados, de acuerdo con un reportaje de The Verge.
No obstante, Cecilia Román, gerente de Seguridad de Uber, aclaró a EL CEO que el reportaje es impreciso y el medio reconoció que no tuvo un manejo ideal de la información que le compartió, además de que no es posible confirmar que las personas involucradas estuvieran registradas en la plataforma y en casos de lesiones sí hubo atención médica y los pagos que se tienen que seguir.
“Para nosotros la seguridad es prioritaria y abarca a los socios repartidores, hay una serie de procesos en marcha para cubrir esto y para nosotros es lo fundamental”, dijo Román.
Por su parte, María Fernanda Reséndiz, gerente de Comunicación Corporativa de Uber México, dijo que la empresa está constantemente en contacto con las autoridades de México a diferentes niveles. Prueba de ello es el acuerdo al que llegaron con el SAT, que permite que la plataforma haga el cálculo de los impuestos que deben pagar sus socios conductores.
“Sí pagamos impuestos en el país, Uber México es una empresa que está legalmente constituida en el país, que paga todos los impuestos correspondientes”, dijo Reséndiz.
Algunas empresas buscan disminuir las tasas impositivas por contratación de empleados y además se evitan problemas laborales, sin embargo en estos casos, el esquema debe revisarse detenidamente para avalar si existe una relación laboral más que comercial
comentó Diego García, socio director de García Velázquez abogados.
EL CEO contactó al SAT e IMSS para conocer su postura al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Este martes, el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, dijo en entrevista con Carmen Aristegui que en los próximos meses comenzarán a analizar la manera de gravar las ganancias de las grandes empresas digitales.
