El Tianguis del Bienestar, la iniciativa del gobierno federal para entregar mercancía de forma gratuita a localidades de menores ingresos, se extenderá a 70 municipios en cuatro estados, anunció la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.
En la primera etapa del programa se entregarán un millón 850,000 artículos nuevos que han sido confiscados, entre piezas de ropa, calzado, herramientas y utensilios para el hogar.
La funcionaria señaló que esta fase arrancó en Atlamajalcingo del Monte, Guerrero —con 231,823 objetos entregados— y continuará en otras nueve comunidades de la entidad.
Las siguientes etapas estaremos en Oaxaca en 40 municipios, en Chiapas en 15 municipios y en Veracruz en cinco municipios. La meta a beneficiar (…) es de 894,998 personas
expresó Rodríguez en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La selección de los municipios, mencionó, se realizó considerando el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas y la condición de extrema pobreza del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval).
En cada localidad, la mecánica consiste en instalar carpas y mesas con los artículos por categorías y dar a cada persona alrededor de 20 minutos para seleccionar los que requiera.
De acuerdo con el presidente, la intención de esta iniciativa es dar a la población los bienes decomisados en aduanas que terminan en bodegas con altos costos de almacenamiento para el gobierno.
Cifras compartidas por las autoridades indican que Servicio de Administración Tributaria y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado pagan más de 1,147 millones de pesos.
La secretaria de Seguridad aseveró que al seleccionar los artículos, se verifica el dominio de los bienes para disponer legalmente de ellos.
No se puede hacer uso de aquellos bienes que tienen un litigio, hay que aclararlo. Se identifica, se separa y se catalogan los bienes a entregar
señaló.
Sin embargo, abogados en materia de propiedad industrial e intelectual, han levantado cuestionamientos sobre la posibilidad de que se violen leyes y acuerdos comerciales con la iniciativa.
Esto debido a que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece las reglas para destruir los bienes incautados en las aduanas.