El sector automotriz mexicano está preocupado por las medidas del gobierno federal que permiten legalizar autos usados importados, pues no solo genera un precedente negativo a la inversión, sino que puede desalentar el empleo en el país.
Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA) explicó que se dejarían de vender aproximadamente 200,000 autos nuevos debido a la internación de usados procedentes de Estados Unidos, según un estudio de 2011 y 2015 solicitado por la Secretaría de Economía a una consultora.
Reiteramos el llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que reconsidere esos escenarios y poder construir las mejores formas para renovar el parque vehicular, tener mejores condiciones ambientales, mejorar la competitividad de la economía y contribuir las inversiones y empleo
sostuvo Rosales.
La medida fue implementada desde finales del año pasado solo con los siete estados de la frontera norte del país: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, y después se añadió a Durango, Michoacán y Nayarit.
Mientras que los últimos estados que podrán legalizar estos autos usados serán Sinaloa y Zacatecas, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) del domingo 27 de febrero.
La inclusión de los estados de Sinaloa y Zacatecas, se justifica en virtud de que dichas entidades federativas tienen un alto índice de población migrante a los Estados Unidos o Canadá lo que ha propiciado que un número considerable de vehículos usados de procedencia extranjera se encuentren internados en los estados en comento de manera irregular
indicó la Secretaría de Hacienda en el decreto publicado en el DOF.
Se generará una cadena de desempleo
El directivo de la AMDA dijo que no solo el empleo en el sector manufacturero se vería afectado, sino toda la cadena: a partir de la operación de la red de distribución de vehículos que se generan, alrededor de 130,000 puestos permanentes y directos.
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Durante el 2021, se registraron 167,064 autos usados importados de manera legal, un crecimiento de 34.4%, respecto a 2020. Estas unidades cumplieron con el trámite de las aduanas por lo que circulan de manera legal.
Precedente negativo para la inversión
Entre las problemáticas que destacó el sector automotriz están los niveles de inversión, pues el hecho de que se legalicen estas unidades resta atractivo para adquirir un auto nuevo.
Además, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Miguel Elizalde precisó que el decreto es contrario a la certeza y al estado de derecho y mientras a los autos nuevos se les exige cumplir con medidas de seguridad y ambientales, a los usados no.
Estamos retrocediendo cuando necesitamos avanzar, se está creando un precedente negativo para la inversión y para el desarrollo
planteó Elizalde.
Por su parte, el director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Fausto Cuevas, también ve preocupante que al ampliarse la lista de estados también se extendió el plazo para hacer el trámite de legalización de autos al pasar del 20 de julio hasta el 20 de septiembre de este año.
El trámite para legalizar la unidad usada importada tiene un costo de 2,500 pesos.
Nos preocupa seriamente por los efectos que esto tendrá y en el mercado interno la tendencia ha sido a la baja, no hemos logrado recuperar los niveles de venta previos a la pandemia
agregó Cuevas
Durante enero, la venta de autos cayó 3.8% a 78,585 unidades, y ligó cinco meses con descensos anualizados.
Pláticas con el gobierno sin impacto
La postura del sector automotriz ha sido externada a las autoridades, pero en el diálogo no han tenido éxito, explicó Rosales.
Las pláticas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Economía desafortunadamente no tuvieron el mayor impacto en la publicación del decreto del 19 de enero; no tuvieron repercusión para tener mejores mecanismos de control y no tuvieron consecuencias para publicar la reforma de ayer (27 de febrero)
dijo Rosales
El presidente de la AMIA, José Zozaya también dijo que por el lado de Hacienda no han tenido un diálogo: “Por lo menos AMIA con Hacienda no hemos tenido comunicación alguna, solicitamos una cita con el que no hemos tenido todavía”.
El sector se mostró abierto en estrechar lazos con el gobierno a fin de que la población pueda acceder a un auto nuevo en lugar de estas unidades que son usadas.
Hay una serie de incentivos que se pueden hacer para promover la venta de vehículos de cierto rango de incentivos fiscales que se puede platicar con las autoridades, pero lamentablemente no se ha logrado
añadió Zozaya
