La paralización económica generada por la pandemia del COVID-19 dejará a por lo menos un millón de mexicanos que laboran en el sector formal sin empleo, y para quienes no se avizora un alivio monetario a menos que retiren parte de los recursos de su Afore, lo cual afectará el monto de su pensión.
El grupo parlamentario de Morena envío una iniciativa de Ley para que los trabajadores del sector formal que pierdan su empleo a partir de la declaratoria de emergencia puedan retirar de su Afore hasta cuatro mensualidades del valor de una canasta básica alimentaria y no alimentaria, unos, 13,308 pesos, sin que se le resten semanas cotizadas.
Esto amenaza con afectar el monto que recibirán los trabajadores que lleguen a pensionarse y ya se prevén cifras insuficientes.
Estimaciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) arrojan que los trabajadores de la generación Afore que cumplan con los requisitos para tener derecho a pensión tendrán una pensión mensual en promedio de 3,843 pesos.
La situación de los trabajadores es de apremio y hay falta de ingresos, pero en el fondo esta propuesta cancelaría las posibilidades de un retiro para muchos de los trabajar, porque el ahorro que están formando es para cuando se retiren, para que se pensionen, se puede argumentar una emergencia, pero generaría un mal mayor
dijo Marco Pérez Valtier, socio de Economía del despacho Pérez Góngora y Asociados.
Comentó que con esto se taparía un pozo abriendo otro, y en el fondo de esta iniciativa no hay más que la falta de apoyo del gobierno para los trabajadores que han perdido su empleo. “Eso de decir ‘cómete tu ahorro y cuando llegues a viejo a ver qué pasa’, es una salida fácil para no dar soluciones de fondo”.
La iniciativa, además, abre la puerta (en caso de ser aprobada) a que los trabajadores que accedan al mecanismo de emergencia también pueden hacer los retiros parciales que ya contemplan las Afores, esto, una vez que agoten los beneficios de emergencia, es decir, además de los 13,308 podrían hacer otros retiros parciales.
En la situación presente, el acceso a los fondos de pensiones debería ser una herramienta de última instancia. Sería deseable hacer un inventario de los instrumentos disponibles (seguros de desempleo, transferencias condicionadas, entre otros) y establecer un orden de prelación adecuado
dice el Banco Interamericano de Desarrollo en el documento ‘Acceso al ahorro obligatorio para el retiro en tiempos de COVID-19: consideraciones de política pública’.
Agrega que el acceso a los fondos de pensiones debería permitirse solamente ante el agotamiento de instrumentos más eficientes diseñados a la medida de la situación, como el seguro de cesantía y otras herramientas fiscales y monetarias.
El documento del diputado Mario Delgado señala que, como una disposición transitoria, se debe mandatar al Poder Ejecutivo Federal a analizar un programa solidario entre el gobierno y los trabajadores para reintegrar los recursos dispuestos por este mecanismo.
Si tú vas y le das una trasquilada (al ahorro) parte del problema es que cuando te quieras retirar vas a tener menos recursos (…) Mandatar al Ejecutivo a analizar me suena a un llamado a misa. A lo mejor y cambiaría un poco el asunto si te dicen ‘esto tiene que venir acompañado de un plan de recapitalización’
comentó Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Actualmente, para que un trabajador pueda hacer retiros parciales por desempleo debe esperar 46 días naturales desde que perdió su empleo, no haber hecho un retiro en los cinco años anteriores y además, se le restará un número de semanas cotizadas equivalentes al monto del retiro parcial que haya hecho.
En abril, los retiros parciales por desempleo sumaron 1,591 millones de pesos, la cifra más alta desde que existe esta facilidad, de acuerdo con datos de la Consar, por lo que es de esperar que en mayo los retiros aumenten.
En este contexto han surgido algunas propuestas, por lo menos, para los trabajadores formales que pierdan su empleo debido a la declaratoria de emergencia por el COVID-19.
En el documento ‘Pandemia, confinamiento y crisis: ¿qué hacer para reducir los costos económicos y sociales?’, el subgobernador de Banco de México, Gerardo Esquivel, señala que podría implementarse un seguro de desempleo inmediato para todos aquellos trabajadores formales que perdieron su empleo a partir de marzo.
El seguro consistiría del pago de 60% del salario del último empleo con un tope de hasta tres salarios mínimos netos. Este pago podría otorgarse por un periodo de hasta tres meses.
Aunque los especialistas consultados no ven tan fácil la implementación de un seguro de desempleo.
Un seguro tiene un costo fiscal, hay que pagarlo, me parece que esta medida (de las Afores) está alineada con el espíritu muy conservador en lo económico, casi libertario del gobierno, que dice ‘por qué me voy a endeudar si los trabajadores tienen estos recursos’ (…) Estoy a favor del seguro de desempleo pero tiene que ser parejo
dijo Héctor Villarreal.
En tanto, estimaciones de Esquivel indican que un programa que le otorgara dos meses de salario mínimo a cada uno del millón de desempleados que producirá la pandemia en el sector formal, costaría alrededor de 7,400 millones de pesos, una cifra menor que el adeudo de impuestos que recién pagó Walmart de México al Servicio de Administración Tributaria por 8,079 millones de pesos.
Pérez Vilar considera que el problema del seguro es cómo se puede fondear, por lo que indica, hay cosas que ameritan algún ajuste en los retiros parciales de desempleo de las Afores, cómo hacerlos más inmediatos, en lugar de 46 días, que sean 15 o 30, así como esperar menos años para volver a retirar.
Comentó que el problema de las Afores es que se ahorra muy poco por lo que la pensión va a ser muy baja.
En la revisión de la Cuenta Pública de 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó que México requiere “una reforma integral a la brevedad” al sistema de pensiones de cuentas individuales, por el que las Afores administran los recursos de los trabajadores, de lo contrario seguirá los pasos de Chile.
En Chile, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, han contribuido a crear un malestar social debido a que sus pensiones se quedaron muy lejos de lo esperado y “las causas que originaron la problemática en el país latinoamericano son similares para México, pero con efectos aún más graves”, dice la ASF.
En promedio, los trabajadores de México recibirán una pensión de 26.5% promedio de su último sueldo (tasa de reemplazo), la mitad de la que alcanzó Chile, de 45%, pese haberse prometido una tasa de 70%.
