Reforma a Afores. Foto: Freepik

23 de julio 2020 | 5:00 am

La iniciativa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el sistema de pensiones, en particular las Afores, puede beneficiar a 80% de ahorradores que hasta ahora no cumplen los requisitos para acceder a una pensión, sin embargo, no ataca al pasivo pensionario del país que crece cada año.

La propuesta, construida junto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), tiene dos ejes principales: elevar la tasa de reemplazo en 40% y reducir de 1,250 a 750 semanas de cotización para acceder a una Pensión Mínima Garantizada (PMG).

Sin la reforma, solo 17% de la Generación Afore cumplirá con los requisitos para obtener una pensión superior a la mínima garantizada. Para lo que se requiere un ahorro en su Afore por arriba de 700,000 pesos y 1,250 semanas cotizadas, algo que se complica dado que los trabajadores suelen transitar de la formalidad a la informalidad en su vida laboral, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Sin embargo, en México conviven unos 3,000 subsistemas pensionarios, gestionados desde universidades o municipios y varios de ellos presentan problemas de viabilidad financiera; por lo tanto existe el riesgo de que los trabajadores se queden sin una pensión, o que el gobierno tenga que rescatarlos en algún momento.

Había un dilema: nos vamos a una reforma general de pensiones, con una ley marco y arreglamos los sistemas fraccionados, creo que esa oportunidad se perdió, se decidió enfocarse en la Contribución Definida, un sistema que muchos veían profundamente herido. Tu tasa de reemplazo iba a ser muy baja y mucha gente no completaba las semanas

dijo Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Para 2020, el gasto federal en pensiones se esperaba en 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB), incluido el gasto en Afores y Beneficio Definido, aunque 85% del gasto se concentraba en el Beneficio Definido (en el que el Estado financia las pensiones con una tasa de reemplazo de entre 80 y 100%), esto es, 3.7% del PIB. Proyecciones del CIEP estiman que este gasto subirá a 6% del PIB entre el año 2034 y 2035.

Lo que se queda corto es qué hacer con todos los otros esquemas pensionarios que no se están analizando en este momento y lo que quisiéramos es que no se deje de lado por esta modificación de la Ley del 97

dijo Ana María Montes, directora de Consultoría Actuarial de Lockton México, una consultora de riesgos.

No obstante, comentó que la reforma representa una oportunidad para los ahorradores que ya daban por perdida su pensión por no alcanzar las semanas cotizadas. “Puede ser una oportunidad, si me faltaban 50 semanas de cotización, vale la pena que evalúen si pueden tener derecho”.

Para lo anterior, los trabajadores que están cerca de las 750 semanas pueden registrarse ante el IMSS y hacer las aportaciones correspondientes a su Afore, para que al cumplir la edad de retiro accedan a una pensión mayor que al ahorro que habían acumulado.

Costo fiscal, ¿sí o no?

Si la iniciativa de reforma se aprueba, alrededor de 20 millones de trabajadores se verán beneficiados al acceder a una PMG en caso cumplir las 750 semanas cotizadas, algo que sí tendrá un costo fiscal para el gobierno, aunque para los especialistas este no es el tema principal para preocuparse.

La iniciativa aumenta el valor de la pensión garantizada al incrementarla de un promedio actual de 3,289 pesos (80% de un salario mínimo) a 4,345 pesos, que se otorgará en función de la edad, semanas cotizadas y el salario base de cotización.

Con la reforma, la cuota social que actualmente aporta el gobierno a la pensión de los trabajadores se redistribuirá a aquellos con menores ingresos, esto es, de uno a cinco salarios mensuales, y disminuirá para aquellos con mayores salarios, ya que los patrones elevarán su contribución de 5.15 a 13.875%.

No hay un costo fiscal, es neutral para el gobierno. Desde el momento en que la iniciativa privada empieza a incrementar su aportación, el gobierno recibe una mayor recaudación, entonces, tiene un superávit respecto de lo que tenía presupuestado en el esquema actual

dijo en conferencia de prensa, Bernardo González, presidente de la Amafore.

Indicó que esto representa un flujo positivo para los siguientes 20 años, por lo que con la reforma se puede pagar una PMG mayor con menos semanas.

Héctor Villarreal señaló que el costo será relativamente pequeño en el corto plazo y no es la preocupación inmediata, como si lo son el resto de los subsistemas y el gasto que representan, algo que es financiado vía impuestos por los trabajadores más jóvenes.

“Se espera que con el tiempo las contribuciones de las empresas ayude y también la redistribución de las aportaciones del gobierno mejore el saldo de las cuentas individuales, pero en los próximos años no tenemos ese efecto acumulado y sí va a ser una obligación para el gobierno cumplir con el pago de la pensión mínima”, dijo Ana María Montes.

¿Un incentivo a la subcontratación?

La base de la iniciativa consiste en incrementar la tasa de reemplazo de los trabajadores, esto es, el porcentaje de su último sueldo con el que se retirarán, que actualmente es de en promedio 27%, debido a la baja tasa de contribución, y el patrón absorberá el aumento, que será gradual, iniciará dos años después de la aprobación y se dará en los siguientes ocho años.

Lo anterior tendrá un costo para las empresas, ya que prácticamente es un aumento de impuestos, aunque aún es muy temprano para saber si realmente serán los empresarios los que absorban este aumento por completo.

Tendremos que ver cuánto del impuesto lo absorben las empresas y cuánto los trabajadores, y no se va a responder inmediatamente. No necesariamente quien dice la ley que pague un impuesto, es quien termina pagándolo, va a depender cómo se nivelen la oferta y demanda laborales vía sus elasticidades. Aunque le pongas impuesto a las empresas, al menos cierto porcentaje es trasladado a los trabajadores, por menores sueldos o contrataciones

dijo Villarreal.

La propuesta se da en un escenario en el que algunas empresas optan por malas prácticas de outsourcing que les ayudan a evadir el pago completo de las prestaciones sociales, además de contrataciones por honorarios y un aumento del trabajo independiente.

“El reto aquí va a ser que haya más esquemas de contratación independiente, también que a lo mejor se buscaba que trabajadores independientes se afiliarán al IMSS, pero puede ser más complicado con cuotas más altas”, comentó Montes.

Por lo pronto, se espera que la Cámara de Diputados discuta la propuesta en septiembre, y de aprobarse pronto, incluso los primeros trabajadores que se pensionen en 2021 podrán ver los beneficios.

“Es una reforma que en el neto la vemos positiva, pero deja muchos temas que hay que meter a la discusión. Una ley marco que le de coherencia a todo el sistema y el problema de gasto público que crece a tasas exponenciales, va a llegar un momento en el que vemos un encontronazo con la realidad muy rudo”, dijo Villarreal.

En 2019, el gasto en pensiones y jubilaciones creció 7.1% en términos reales a un total de 876,787 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Cuenta Pública de 2019.