Raquel Buenrostro, jefa del SAT. Foto: SAT

3 de junio 2020 | 5:00 am

La pandemia del COVID-19 asestó un golpe a la economía mexicana, que ya arrastraba un 2019 complicado. Con este escenario, la mayor fiscalización, especialmente hacia los grandes contribuyentes, será el elemento clave para evitar un desplome en la recaudación tributaria.

Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sigue volteando hacia los grandes contribuyentes, que desde hace años representan un caso complicado para el fisco, pero la estrategia de fiscalización hacia las grandes empresas, hasta ahora, ya dio algunos resultados.

Walmart de México, Femsa e IBM han pagado adeudos por un total de 17,538 millones de pesos.

Sí veo que ha habido un esfuerzo en este gobierno por hacer una mejor fiscalización. En el caso de los grandes contribuyentes con adeudos pendientes no me preocupa tanto, porque en general son empresas muy fuertes. Creo que hay un cambio de señal, no quiero acusar a nadie de corrupción, pero había muchos incentivos a buscar juicios muy largos

comentó Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Los grandes contribuyentes son aquellos que hayan declarado ingresos acumulables para efectos del ISR iguales o superiores a 1,250 millones de pesos, que tengan acciones colocadas en la bolsa de valores; empresas productivas del Estado y las entidades de control directo; los servidores públicos pertenecientes al Servicio Exterior Mexicano y los que, por sus funciones, permanezcan en el extranjero más de 183 días; los organismos internacionales, así como los Estados extranjeros, y su personal diplomático y consular, según el Reglamento Interior del SAT.

Al cierre de abril, el SAT tenía registrados 8,791 personas morales como grandes contribuyentes y 39,633 en el régimen de personas físicas.

Walmex indicó que el monto que el pagó incluye la revisión sobre la operación de venta de la cadena de restaurantes Vips y otras cuestiones.

A mediados de febrero, la empresa recibió un oficio de liquidación en el que el SAT le reclamaba el pago de diferencias en impuestos, que hasta el 31 de diciembre de 2019 ascendía a 10,559 millones de pesos por la transacción de Vips.

No obstante, la empresa dijo entonces que no crearía una provisión para dicho pago, ya que sus abogados externos y su administración consideraban que se contaba con todos los elementos para sostener la validez de las operaciones realizadas “y prevalecer, ya sea en la vía administrativa o judicial”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el domingo en un mensaje que, a pesar de la crisis, la recaudación tiene un aumento de alrededor de 100,000 millones de pesos en los primeros cinco meses del año.

De enero a mayo de este año suman 1.777 billones de pesos, frente a los 1.673 billones del mismo lapso de 2019.

“¿Por qué no se nos ha caído afortunadamente la recaudación? Porque se están cobrando deudas que tenían algunas empresas, corporativos y esto nos ha permitido tener ingresos para fortalecer la hacienda pública”, dijo López Obrador.

Sin embargo, el cierre de actividades económicas para evitar un mayor número de contagios del COVID-19 se reflejó en la recaudación de abril.

Los ingresos tributarios cayeron a una tasa anual real de 15.3%. La recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) cayó 26.2% real, como parte del reflejo de la pérdida de más de 753,000 empleos formales entre marzo y abril.

Para Ariana Martínez, integrante de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, el pago que han hecho las grandes empresas responde también a la fiscalización que se ha hecho en las administraciones pasadas.

Hemos escuchado de varios acuerdos fiscales a los que han llegado corporativos muy importantes, no obstante, esto no significa que vengan de una fiscalización actual, porque son inclusive revisiones fiscales que vienen de ejercicios pasados

dijo Ariana Martínez.

Comentó que la fiscalización se ha dado de manera generalizada, sin embargo, se ha puesto la lupa en algunos contribuyentes para recuperar recursos frescos y poder librar el impacto de la crisis económica que vivimos.

Por otro lado, en  la tercera revisión de la Cuenta Pública de 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó que, en el periodo 2013-2018, el número de juicios concluidos en la defensa del interés fiscal contra los grandes contribuyentes se redujo 18.5% en promedio anual, al pasar de 806 juicios en 2013 a 290 juicios en 2018.

En el monto de los juicios ganados hubo un decrecimiento promedio anual de 29.2%, al pasar de 40,919 millones de pesos en 2013 a 7,302 millones en 2018. El monto de los juicios perdidos decreció 26.7%, de 19,590 millones de pesos en 2013 a 4,155 millones en 2018.

El decrecimiento en el número de juicios y el monto recuperado en el periodo 2013-2018 se debió al beneficio de condonación de créditos fiscales contenido en la Ley de Ingresos de la Federación publicada el 17 de diciembre de 2013

“Si hay una luz es esta, que la recaudación no se haya desplomado, que es muy importante para el paquete 2021, para la discusión de la próxima reforma fiscal y una discusión con amplias implicaciones económicas”, dijo Villarreal.

Mientras tanto, en abril 11.3 millones de personas dejaron de trabajar debido a la suspensión temporal de su trabajo, sin recibir pagos, de acuerdo con INEGI, mientras que Banco de México estima que la economía podría ver una caída de hasta 8.8% en 2020 en el peor de los escenarios.