Las medidas de distanciamiento social y confinamiento implementadas para reducir el ritmo de contagio del COVID-19 han asestado un duro golpe al empleo formal de México, que solo ha mostrado su vulnerabilidad.

La mayor destrucción de empleos formales se dio a partir de marzo, y se concentró en las ramas de actividad que estuvieron más expuestas a la emergencia sanitaria, principalmente en el sector industrial y el de servicios, de acuerdo al último reporte trimestral de Banco de México.

El documento indica que la pandemia ha afectado al empleo por lo menos a través de cuatro mecanismos.

El primero son los cierres que se dieron en las plantas de los centros manufactureros asiáticos entre enero y febrero, lo que significó una reducción de la disponibilidad de algunos insumos intermedios para las cadenas de valor y que afectó la producción nacional.

El segundo es el cierre temporal de la actividad económica de Estados Unidos, que provocó una caída de la demanda de ese país por la producción nacional, y también llevó a una menor llegada de viajeros extranjeros a los centros turísticos.

El tercero ha sido el cierre temporal de los sectores de actividad considerados como no esenciales, y el cuarto es el confinamiento de los hogares, que ha implicado menores niveles de gasto.

Entre marzo y abril se perdieron poco más de 753,000 empleos formales, de acuerdo con cifras del IMSS y la Secretaría del Trabajo, lo que se compara con los 342,077 empleos creados en 2019. En este sentido, Banxico estima una pérdida de hasta 1.4 millones de trabajos formales al cierre de 2020.

El estudio muestra que, entre los sectores más afectados en marzo y abril están los de servicios personales y el de la construcción, que es en donde hay una mayor rotación de personal. Por ejemplo, 26.88% de los trabajadores de la construcción llevaban de uno a tres meses en su plaza al cierre de 2019, 19.64% tenía de seis a 12 meses y 15.89% de cuatro a seis meses.

No obstante, esta flexibilidad en la contratación puede hacer que la recuperación del empleo formal en esos sectores ocurra de manera más rápida una vez que se disipen los choques temporales asociados a la pandemia.

Adicionalmente, la mitad de los empleos formales enfrenta por lo menos uno de los tres criterios de vulnerabilidad, asignados por Banxico, esto es, uno, son actividades con mayor exposición a las suspensiones de actividades por la emergencia sanitaria.

Dos, son actividades con mayor exposición a los choques de demanda externa, debido a que asignan una mayor proporción de sus ventas al mercado externo, y tres, son actividades más susceptibles a enfrentar una menor demanda tanto interna como externa por requerir una mayor interacción física, por lo que son de alto riesgo ante el choque de la pandemia.

En este sentido, las actividades más expuestas a los choques de demanda externa habían mostrado un menor dinamismo desde finales de 2019 y las contracciones de marzo y abril reforzaron dicho comportamiento.

Es importante que la emergencia sanitaria sea complementada con políticas públicas que contribuyan a proteger las relaciones laborales entre patrones y trabajadores, de modo que la destrucción del empleo formal sea lo más limitada posible. Asimismo, debe buscarse que, de haber ocurrido una separación, la relación laboral pueda ser restaurada rápidamente

dice el informe de Banxico.

Agrega que, la limitación en la destrucción o la facilitación en la restauración del vínculo laboral serán vitales para una reactivación de la actividad económica en menor tiempo.

Por otro lado, el subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel, ha comentado que una de las medidas que se podrían implementar para paliar la crisis es un seguro de desempleo para todos aquellos trabajadores formales que perdieron su empleo a partir de marzo.

Este seguro consistiría del pago de 60% del salario del último empleo, con un tope de hasta tres salarios mínimos netos y podría otorgarse por un periodo de hasta tres meses.

De acuerdo con sus estimaciones, un programa que le otorgara dos meses de salario mínimo a cada uno del millón de desempleados que producirá la pandemia en el sector formal, costaría alrededor de 7,400 millones de pesos, una cifra menor que el adeudo de impuestos que recién pagó Walmart de México al Servicio de Administración Tributaria por 8,079 millones de pesos.