Era el año 2002 y Colombia vivía su peor año en el tema de robo de combustible: 8,000 barriles al año caían en manos del crimen organizado o la guerrilla, generando pérdidas multimillonarias a la petrolera estatal Ecopetrol.
Ante la problemática, el gobierno dirigido por el entonces presidente Álvaro Uribe decidió actuar. ¿El resultado? Dos años más tarde, la cifra de combustible robado se redujo 95%, de acuerdo con cifras oficiales.
El problema al que se enfrentó Colombia hace casi dos décadas no es desconocido en México.
Desde el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), las cifras de robo de combustible a Pemex se han multiplicado y sus efectos han pasado de considerarse “pérdidas marginales” a representar 35,000 millones de pesos anuales, estimó en noviembre Carlos Treviño, entonces titular de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió el cargo el 1 de diciembre, estima las pérdidas en más de 60,000 millones de pesos anuales, según declaraciones hechas por el mandatario.
Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), este delito se disparó alrededor de 40% a sus máximos históricos. Tan solo entre enero y octubre del año pasado, se registraron 12,581 tomas clandestinas, cifra 21.4% superior a las 10,363 registradas en todo 2017, de acuerdo con cifras de Pemex.
Para combatir este delito, el 27 de diciembre el gobierno de López Obrador comenzó una estrategia de cierre de ductos que ocasionó desabasto en al menos siete estados del país.
Según el economista Jonathan Heath, la economía mexicana podría resentir el desabasto
Y pese a que el gobierno asegura que en los primeros días la medida resultó efectiva, expertos en el tema dudan que sea sostenible o que genere buenos resultados a largo plazo.
“Es importante definir el objetivo porque definir un objetivo sobre otro puede cambiar los resultados”, explica el analista Ricardo Smith a EL CEO.
Para los especialistas, el éxito o no de la estrategia mexicana pasa por atender el problema de robo de combustible de forma integral, tal y como ocurrió en Colombia durante la década pasada.
No son solo los huachicoleros
“Aplaudo la iniciativa de combatirlo (el robo de combustible), pero se tiene que comprender en términos de desarticular las redes en su conjunto” y no únicamente en el cierre intermitente de ductos, señala Carlos Flores Pérez, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Para el especialista, es importante que el gobierno entienda que “la principal red de sustracción de este tipo de bien está inserta en las instituciones. La delincuencia organizada, más allá del imaginario oficial que suele presentarla como una organización externa a la sociedad, en realidad está profundamente vinculada con ella”.
“No se trata solamente de huachicoleros (ladrones de gasolina), sino también de actores que tienen conocimiento sobre la operación”.
Por esta razón, el especialista considera que es necesario realizar investigaciones al interior de la petrolera para evitar la comisión de este tipo de crímenes y fincar responsabilidades administrativas y penales a quien resulte responsable.
Perseguir el delito
En Colombia, uno de los ejes de la estrategia contra el robo de combustible fue la creación del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos (GOESH) especializada en investigar este tipo de crímenes.
La ausencia de un grupo similar en México, así como una mejor procuración de justicia, permitiría desincentivar el delito de robo de combustible, señalan expertos.
“No están pensando en que esta maquinaria funcione para sancionar a quien resulte responsable, entonces solo tenemos a unas cuantas personas vinculadas”, considera Smith.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó este jueves que desde el 1 de diciembre.
Además, en días pasados el gobierno federal dio a conocer que hay tres exfuncionarios de Pemex, un exalcalde y un exdiputado señalados por participar en este delito; así como 194 gasolineros con inconsistencias fiscales posiblemente atribuibles a venta de combustible robado.
Para atacar el delito, otra medida que sería útil en opinión de Flores es la“extinción de dominio a quienes están involucrados y llevarlas a juicio penal. Si eso no se hace, las redes se vuelven a regenerar”, señala.
“Si desarticula a las redes más significativas, es probable que la estrategia pueda ser más exitosa más allá del cierre de ductos”, considera.
Más tecnología
Los expertos señalan que es poco probable que la estrategia de cierre de ductos sea de largo plazo debido a las dificultades logísticas y al alto costo de la distribución terrestre. Transportar el combustible por pipas es 14 veces más caro que hacerlo por ducto, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía.
“Lo que se tiene que hacer a largo plazo es invertir en una mejor infraestructura de ducto y mejores capacidades de almacenamiento” señala Smith.
En Colombia, una parte del combate al crimen organizado fue hacer ductos detectaran más rápidamente una disminución de presión asociada con el robo de combustible. Esto, en articulación con las autoridades especializadas, permitió perseguir los delitos y desincentivar el crimen.
Smith advierte la necesidad de permitir a los privados construir su propia infraestructura de distribución petrolera para no depender de Pemex, pues en los primeros meses la estrategia demostró tener un alto costo.
“La manera en la que está diseñada la estrategia impone más costos de lo que se puede recuperar”, como el impuesto que no recauda el gobierno por concepto de combustibles, los buques varados en las costas y el costo de transportar pipas, señala.
