Las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en el sector energético favorecen solo a las empresas productivas del estado, violan acuerdos comerciales y representan un obstáculo para los inversionistas, indicó el Instituto Americano de Petróleo (API, por su sigla en inglés).
En una carta dirigida a altos funcionarios estadounidenses, el Instituto expresó su disgusto por los cambios en la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, dado que solo favorecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Aseguran que dichas reformas violan los compromisos comerciales que se lograron en el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Los compromisos establecen que los tres países integrantes deben otorgar un trato no discriminatorio con respecto al comercio de bienes, la inversión, las ventas y compras de empresas estatales y monopolios
dice la carta fechada al 5 de mayo de este año.
La carta está dirigida al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony John; a la secretaria del departamento de energía del mismo país, Jennifer Granholm; a la secretaria de comercio, Gina Raimondo y a la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai.
El Instituto exhortó a los funcionarios estadounidenses comentar estas violaciones en la próxima reunión de la Comisión de Libre Comercio que tendrá la embajadora Tai con la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.
Señalan violaciones comerciales
La carta de API agrega un anexo donde se señalan las violaciones que representan los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, tales como modificar las reglas de despacho para colocar a las plantas generadoras de energía de CFE en lugar de las unidades privadas.
Con ello, la electricidad se volverá más cara y más contaminante. Las organizaciones medioambientales estiman que con dicha ley aumentarán las emisiones de CO2 del 15-20% y de las emisiones de SO2 del 150%, remarcó API.
En tanto los cambios a la Ley de Hidrocarburos permiten otorgar poderes discrecionales al gobierno para suspender o revocar permisos en toda la cadena de valor de los combustibles que generan incertidumbre jurídica que afectan los proyectos de inversión a largo plazo.
Se eliminaron los permisos de importación y exportación de hidrocarburos por 20 años, lo que dejó a los inversionistas estadounidenses la oportunidad de solicitar permisos de solo un año, o en algunos casos de cinco años
Además, las empresas inversionistas estadounidenses que importan combustibles de refinerías en los Estados Unidos están experimentando retrasos, rechazos y/o restricciones en la emisión de permisos para gasolina y diesel importados por parte de la Secretaría de Energía, señalan.
