La temporada de huracanes es una fecha que nunca pasa desapercibida. La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional esperan que se formen hasta 41 ciclones tanto en el océano Pacífico y Atlántico. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 cuenta con un gasto específico para los impactos de la madre naturaleza, el programa del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
El fondo cuenta con un presupuesto de 17,984.7 millones de pesos para este año, lo que representó una disminución de 0.4% en términos reales en comparación con lo aprobado en el 2023, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin embargo, en los últimos 20 años, los huracanes más potentes en México dejaron daños de entre 32,000 y 43,400 millones de pesos, según la Comisión Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), que retomó en un análisis México Evalúa.
De acuerdo con México Evalúa los recursos destinados al Fonden para 2024 “se tendrían que gastar en su totalidad para reconstruir Guerrero, con el riesgo incluso de ser insuficientes. La consecuencia: careceríamos de recursos para atender otros fenómenos potenciales”.
El huracán ‘Otis’ impactó Acapulco, Guerrero, en la madrugada del 25 de octubre del 2023. El fenómeno pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en solamente 12 horas consecuencia del calentamiento global.
El modelador de desastres de Enki Research, Chuck Watson, evaluó el impacto económico del paso del huracán Otis entre 10,000 y 15,000 millones de dólares.
La asociación civil afirmó en un análisis que años después de la desaparición del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, “queda de manifiesto el gran error que fue eliminarlo”.
Desaparición del fideicomiso del Fonden
En el 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, extinguió el Fonden en su carácter de fideicomiso. Ahora los recursos al Fondo de Desastres Naturales dependen de la aprobación del Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Diego Diaz, comentó que el cambio en la figura del Fonden es muy importante ya que no solo es semántico, sino es un tema de fondo.
El cambio lo que hace es que el Estado mexicano tiene una capacidad más limitada para afrontar desastres naturales (…) si en el Congreso deciden aprobar cantidades limitadas al Fonden pues no va a haber recursos suficientes para atender este tipo desastres naturales en ese ejercicio fiscal determinado,
dijo el integrante del IMCO.
Previamente, el Artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establecía que, cada año, el Fonden y sus diferentes componentes y mecanismos contarían con no menos de 0.4% del Gasto Programable. Si embargo, este artículo fue reformado y eliminado en 2020.
México Evalúa señaló en el estudio que, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el gasto promedio en atención a desastres es de sólo 0.3% del gasto programable, “un claro deterioro institucional”.
El fondo tenía reservas
El Fonden era responsable de asignar recursos de acuerdo con sus reglas de operación y los recursos no utilizados eran transferidos al término de cada ejercicio fiscal a los mecanismos financieros, Fideicomiso FONDEN y el Fideicomiso Preventivo (FIPREDEN), como reservas a ser utilizadas en años subsecuentes.
El fideicomiso público era operado por Banco Nacional De Obras y Servicios Públicos (Banobras), mediante el cual se canalizaban los recursos del Programa Fonden para la Reconstrucción.
Una vez que el financiamiento quedaba aprobado para un fin específico, dichos recursos quedaban etiquetados en una subcuenta del fideicomiso, que también actuaba como autoridad contratante de seguros y otros instrumentos de transferencia de riesgos.
¿Qué es el Fonden?
El Fondo de Desastres Naturales, es un programa de coordinación intergubernamental e interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural permitiendo apoyar a las entidades federativas, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
Así como a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuando los daños ocasionados superen su capacidad financiera y operativa de respuesta en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.
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