La corrupción, la ilegalidad y la impunidad son conceptos que se escuchan en el día a día y que prácticamente todos los políticos del mundo aseguran que van a combatir, sin embargo, la institucionalización de estos delitos hace pensar que nunca terminará y seguirán costando mucho dinero.
Si bien calcular el costo de estas problemáticas es complicado, el Banco Mundial (BM) estima que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 puntos porcentuales por año.
Por su parte, investigaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) han revelado que los países corruptos cuentan con una inversión casi 5% menor que aquellas naciones con menor presencia de este delito.
En este sentido, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) concluyó que actos como la corrupción, ilegalidad e impunidad no sólo dañan el estado de derechos, sino que son un factor para inhibir los negocios, la inversión, el crecimiento económico y limitar la competitividad.
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El caso de México
Si de corrupción se habla, México no puede quedar fuera. De acuerdo con Transparencia Internacional, el país ocupó el lugar 126 en el índice de percepción de la corrupción 2022, en un listado de 180 naciones.
Asimismo, el World Justice Project muestra que el país ocupa el lugar 115 en el Índice de Estado de Derecho en un universo de 140 países; mientras que desde 2020 se encuentra fuera de los 25 países más atractivos para la inversión extranjera directa, según Kearney.
Estas posiciones se han reflejado en una pérdida económica, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el costo total consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 9,500 millones de pesos en 2021.
Aunque la iniciativa pública se presenta como la más propensa a la corrupción, el sector privado no está exento. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que “el costo total estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito a las empresas ascendió a 120,000 millones de pesos”.
De acuerdo con el CEESP, el país podría posicionarse como un país atractivo para la inversión con leyes más caras y estables, además de fortalecer a diversas instituciones y sus respectivas autonomías.
