La crisis de salud y económica de la pandemia del COVID-19 ha obligado a las autoridades fiscales y monetarias de varios países a reaccionar de maneras sin precedentes para paliar los efectos negativos de la enfermedad, y una de opción que una vez más ha cobrado relevancia es la del Ingreso Básico Universal (IBU).
El IBU es una cantidad de dinero pagada mensualmente y garantizada por el Estado a todos los ciudadanos y del cual se han hecho pruebas piloto en algunos países como Finlandia, India, Irlanda, Canadá y Kenia, por mencionar algunos.
Ante la parálisis de gran parte de la actividad económica que han implementado los gobiernos para reducir el ritmo de contagios y evitar la saturación de los sistemas de salud, miles de trabajadores ya han perdido su fuente de ingreso.
En este contexto, Estados Unidos entregará 1,200 dólares a sus ciudadanos que tengan ingresos de hasta 75,000 dólares al año; la cantidad se reduce para las personas de mayores ingresos y el límite para recibirlo son 99,000 dólares
España, en tanto, trabaja en los detalles para entregar una renta básica para algunos de sus ciudadanos de alrededor de 440 euros mensuales, de acuerdo con el diario El País.
La organización Oxfam también ha propuesto evaluar la viabilidad de un piloto para implementar el IBU en México para consolidar un enfoque basado en derechos, es decir, una transferencia monetaria para todos los ciudadanos, sin distinciones.
Tiene bastantes ventajas. El IBU se da de manera constante, sin importar la situación económica, esto permite erradicar la vulnerabilidad de los hogares ante choques económicos. Gran parte de la problemática que aumenta conforme avanza el confinamiento es que muchos hogares que viven al día, y dependen de los ingresos a los que acceden en el mercado informal están viendo choques muy grandes
dijo Milena Dovalí, coordinadora de investigación de Oxfam México.
Añadió que las personas que laboran en la informalidad generalmente tienen bajos ingresos, y en este contexto son quienes gastan más en necesidades básicas, por lo que contar con un ingreso básico permitiría crear certidumbre entre estas personas, independiente de su condición laboral, para que puedan lidiar con los choques económicos.
De acuerdo con datos de INEGI, el gasto en alimentos, renta y servicios puede representar hasta 60% del gasto de los deciles de menores ingresos. Esto mientras que la tasa de informalidad es de 56%.
Philippe Van Parijs, profesor de economía y ética social de la Universidad de Lovainia y Yannick Vanderborght, profesor de ciencia política de la Universidad de San Luis, Bruselas, publicaron el libro ‘Ingreso Básico. Una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sana’, en el que argumentan que la idea puede parecer una locura, pero es la más realista para abordar la inseguridad económica y la exclusión social en el siglo XXI.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el IBU puede tener un impacto significativo en la desigualdad y la pobreza, ya que cubre a todas las personas en la parte inferior de la distribución del ingreso.
Pero la universalidad es costosa.
Según estimaciones del Monitor Fiscal del FMI, un IBU equivalente a 25% de la mediana del ingreso per cápita le costaría a una economía avanzada promedio el equivalente a 6.5% del PIB, y las estimaciones varían considerablemente según el país. Por lo tanto, el IBU ha de analizarse conjuntamente con su financiamiento, para que tenga un efecto neutro en el presupuesto.
De acuerdo con Dovalí, el ingreso básico también debe ir acompañado de un sistema de salud universal efectivo, en el que se iguale el ejercicio del derecho a la salud y se elimine la diferenciación entre trabajadores formales e informales y entre los que pueden costear un servicio privado y los que no.
Sería importante modificar el financiamiento de la seguridad social hacia un modelo mixto con impuestos y contribuciones que no castigue la formalización laboral (…) sería importante que estas dos políticas la sistema de salud y renta fueran acompañadas de una reforma fiscal de impuestos hacia la riqueza donde pudiéramos conseguir los fondos para financiar estas propuestas
dijo Dovalí.
Por lo pronto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la crisis que sufre la región este año se traducirá en una caída del PIB de 5.3%, la peor en toda su historia. Para encontrar una contracción de magnitud comparable hace falta retroceder hasta la Gran Depresión de 1930 (-5%) o más aún hasta 1914 (-4,9%).
Por lo que estima que tasa de pobreza en la región aumentaría en 4.4 puntos porcentuales durante 2020, al pasar de 30.3 a 34.7%, lo que significa un incremento de 29 millones de personas en situación de pobreza. La pobreza extrema crecería en 2.5 puntos porcentuales al pasar de 11.0 a 13.5%, lo que representa un incremento de 16 millones de personas.
