Inai Loret

8 de diciembre 2021 | 2:53 pm

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aprobó por unanimidad interponer la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que determina obras de infraestructura del gobierno como de seguridad nacional.

Durante la sesión del pleno del Inai, la comisionada presidente, Blanca Lilia Ibarra, expresó que el Instituto considera que el acuerdo atenta contra el principio de reserva de ley establecido en el artículo 6º, apartado A, fracción I, de la Constitución, ya que contraviene lo previsto en sus leyes de transparencia y acceso a la información.

Por su parte, la comisionada Josefina Román, añadió que es importante preguntar a la Suprema Corte de Justicia a la Nación (SCJN) si se presume que existe violación al principio de máxima publicidad, pues considera que dicho acuerdo abre la puerta a que ante solicitudes de acceso a la información o a la carga de obligaciones de transparencia, se violente.

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El comisionado Adrián Alcalá, subrayó que es necesario presentar la controversia constitucional porque existe una invasión de las competencias con este acuerdo, las cuales se otorgan al órgano garante desde la carta magna.

Este Instituto como órgano garante no puede permanecer al margen de este tipo de acuerdos, que sin lugar a dudas atentan contra los derechos que por mandato constitucional tutelamos en este Pleno

agregó.

Asimismo, la comisionada Julieta Del Río, mencionó que el marco normativo general y federal prohíbe explícitamente la clasificación previa de la información y ordena a los sujetos obligados a realizar un análisis caso por caso en la clasificación de la información.

Por su parte, el comisionado Óscar Guerra estableció que la decisión de clasificar información debe ser confirmada por resolución del Comité de Transparencia, que incluya las razones, motivos o circunstancias especiales que llevan a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto de reserva.

En tanto, el comisionado Francisco Javier Acuña aseguró que se enderezó una controversia constitucional, porque como autoridades que encontraron un riesgo inminente, además de evidencias en la interpretación directa e indirecta del acto de autoridad del Ejecutivo Federal.

Acuerdo presidencial para declarar obras 

El gobierno federal publicó el 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que se declara como asunto de interés público y seguridad nacional la realización de todos los proyectos y obras de infraestructura a su cargo, para garantizar su terminación oportuna.

La publicación contempló obras de sectores como comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

Ello, de manera implícita, involucra a las grandes obras del gobierno, entre ellas el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas o el Corredor Transístmico.

Por su parte, el 23 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que el acuerdo publicado en el DOF que declara las obras del gobierno como asunto de seguridad nacional busca agilizar trámites y descartó que la decisión abone a la opacidad de los proyectos.

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