Aplicar un impuesto al consumo de la marihuana, como contempla la Secretaría de Hacienda, puede provocar que aumente el mercado negro, pues al consumidor le saldría más barato adquirirla en la clandestinidad que en el mercado formal.
En Uruguay, el primer país de Latinoamérica que legalizó el uso de la cannabis en 2017, se decidió no aplicar un gravamen para evitar la compra y consumo a través de las redes criminales que provienen principalmente de Paraguay y que comercializan en Uruguay, Brasil, Argentina y Chile.
La reflexión que se tuvo es que si a la marihuana legal se le aplicaba un impuesto, eso iba a provocar que una importante parte de los consumidores prefieran seguir comprando en el mercado ilegal por la diferencia de precios
dijo el senador suplente de Uruguay, Diego Martín Olivera Couto.
El medidor de éxito en Uruguay es que más personas compran marihuana en el mercado legal que en el ilegal. Una de cada 10 personas solamente compran marihuana prensada, que es el característico de las redes criminales, expuso.
Sin embargo, la oferta legal que existe del cannabis todavía no logra cubrir la alta demanda, por lo que todavía hay gente que sigue comprando en el mercado ilegal este producto.
“Cuando se termine de consolidar el mercado legal se van a aplicar impuestos, pensando sobre todo en lo que pueden ser productos más nocivos, más riesgosos para la salud y que puedan reducir su consumo”, planteó Olivera Couto.
En Uruguay, la ley prevé tres maneras de acceder a la marihuana. Primero, cada hogar puede cultivar hasta seis plantas hembra y comerciar 480 gramos de cannabis seco.
Otra posibilidad es asociarse a un club de hasta 45 miembros y hacer un cultivo conjunto y la tercera es la posibilidad de comprarla en farmacias.
En el país sudamericano no se permite que cualquier marihuana salga al mercado, no se permite la venta de cannabis que tenga contaminantes, fertilizantes o plaguicidas; tiene que ser más orgánica para que no dañe la salud.
¿Qué dice la iniciativa en México?
La propuesta que presentó Morena y que fue aprobada por el Senado de la República permite la posesión de hasta 28 gramos de cannabis psicoactivo. Actualmente solo se permite el uso máximo de cinco gramos, según la Ley General de Salud.
De aprobarse por parte de la Cámara de Diputados se creará el Instituto Mexicano del Cannabis que se encargará de regular y supervisar todo lo relacionado con la marihuana.
El problema es que si tú quieres regular un precio muy alto y hay un sustituto aparentemente fácil de adquirir, la gente se va a ir por los sustitutos
comentó el director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal.
Si se aplica el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la marihuana es probable que en un inicio se tenga una recaudación pequeña, porque la mayor parte de la gente seguirá comprando en el mercado negro, añadió.
Uno de los temas que deben aclararse en la iniciativa es si el gobierno es el que realizará toda la producción o solo una parte, si habrá participación de empresas y bajo qué criterios.
La iniciativa indica que el Instituto Mexicano del Cannabis emitirá cinco tipos de licencias para controlar algunos de los actos relacionados con el cultivo, transformación, investigación y exportación o importación de marihuana.
Se debe quitar tabú de las drogas
El consumo de las drogas debe dejar de ser un tema tabú y regularse, más allá de que si la propuesta surge de gobiernos de izquierda o de si era una visión que también tenía Milton Friedman, defensor del libre mercado, se debe poner atención a este mercado, consideró el exembajador representante de Uruguay ante la Organizaciones de Estados Americanos (OEA), Milton Romani.
Los mercados en esta etapa del mundo tienen que estar regulados, no lo puede regular el narcotráfico ni tampoco un mercado de la industria farmacéutica que sea demasiado voraz en sus ganancias
dijo a EL CEO.
Tiene que existir una participación tanto del Estado como de la sociedad civil a través de pequeños y medianos productores y si aplicar un impuesto sirve para obtener ingresos y apoyarlos, no sería una mala medida.
Quien también fue secretario general de la Junta Nacional de Drogas en Uruguay expuso que la presencia del Estado debe ser muy importante porque es más seguro para los usuarios desde un enfoque de derechos humanos y salud público.
“En Uruguay se tiene una categoría en la que se cobra por las licencias que se dan a las empresas para producir y distribuir la marihuana y los ingresos que se obtienen se destinan a fines vinculados con la prevención y tratamiento de programas sociales”.
¿Se acabará el narcotráfico?
Cuando inició el proceso de discusión de la ley para aprobar el uso de cannabis en Uruguay, se llevó a cabo una campaña que decía que el narcotráfico se iba a terminar, así como la delincuencia que se generaba por la venta de este producto, platicó Guillermo Draper, el periodista y coautor del libro ‘Marihuana oficial, crónica de un experimento Uruguayo’.
Con las leyes que se tenían, el narco solo crecía y el consumo también, esta propuesta da otra perspectiva de vida y de búsqueda de solución al problema. El que venga y analice va a encontrar tanto cosas buenas y negativas. Canadá fue uno de los países que más se acercó a Uruguay para ver qué medidas podría establecer para su propia legislación.
Lo realmente importante de esta incitativa es que se están buscando soluciones diferentes que están funcionando en cierta medida, pues cada vez hay más consumidores que compran por vías legales y eso es un avance a diferencia de la guerra del narcotráfico, que se decidió establecer en México y cobró millones de vidas.
