La explosión en el ducto Tuxpan-Tula en Tlahuelilpan, Hidalgo, pone el dedo en la llaga sobre el problema del robo de combustibles.
La cruzada contra el huahicoleo que decidió emprender el presidente Andrés Manuel López Obrador, será uno de los temas más complicados que enfrente su gobierno, porque además de la estrategia militar y financiera, requerirá de una política económica y social de largo plazo que desincentive esa actividad delictiva.
El viernes por la noche una toma clandestina en el ducto Tuxpan-Tula en Tlahuelilpan derivó en una explosión que hasta el domingo había dejado un saldo de 85 muertos y 58 heridos, entre ellos algunos niños, y aún había 65 restos humanos sin identificar.
La base social del crimen organizado se compone de grupos o comunidades que no solo dependen de esas actividades para sobrevivir y que han sido cooptadas por criminales, sino que las protegen ante cualquier intento del Estado por desmantelarlas.
En conferencia de prensa el sábado, López Obrador reiteró que no habrá enfrentamientos directos entre las Fuerzas Armadas y las poblaciones y comentó que esta semana hará una visita a las zonas más afectadas por el huachicoleo.
Básicamente es una mezcla entre grupos de la delincuencia organizada que se aprovechan de comunidades donde hay pocas o nulas oportunidades de desarrollo, las cooptan y empiezan a generar un círculo vicioso donde impiden que otra actividad sea viable y la gente solo se pueda dedicar a eso para sobrevivir
Khublai Villafuerte, consultor en inteligencia de riesgos en Riskop.
Comentó que, ante esto hay una necesidad de una intervención socio-policial y económica, para lo que primero se requiere detener este tipo de operaciones “a sabiendas que te vas a enfrentar al problema que existe con la comunidad”.
Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Tamaulipas son los estados con mayores tomas clandestinas de combustible, que tan solo en 2017 costó al país 60,000 millones de pesos, de acuerdo con datos del gobierno federal.
En el caso de Tlahuelilpan, el 55.1% de la población vive en la pobreza; de esta, 7.1% vive en condiciones de pobreza extrema, de acuerdo con datos del Coneval, actualizados hasta 2015.
Ya se inició una actividad ilegal de alta remuneración y es muy difícil revertirla solo con política socia. Normalmente la política social es preventiva. Lo que se requiere es la creación acelerada de empleos en la zona que pueda absorber una parte de los que se dedican a la actividad ilegal
dijo Rodolfo de la Torre, director especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Los especialistas coincidieron en que el primer paso es detener este tipo de operaciones por la vía legal, es decir, elevar el costo social de dedicarse al robo de combustibles. Después, encontrar esquemas que les permitan a las comunidades desarrollarse educativa, económica y socialmente.
No obstante, esta tarea será complicada en un escenario en que estas actividades criminales son más redituables que los apoyos económicos que pueda brindar el gobierno.
Para los especialistas, los programas de becas a estudiantes y ‘Jóvenes construyendo el futuro’ pueden ser una buena opción, aunque pueden tener un efecto limitado.
En este sentido, López Obrador comentó el sábado que “en un sociedad tan desigual como la nuestra, es necesario la participación del Estado para atender a los más pobres”.
Es un asunto que se debe a la política económica que se ha aplicado. Quien dice que los programas sociales no bastan, no solo estamos haciendo eso, se llevaban 30 años sin elevar el salario como se hizo. A partir del modelo neoliberal el salario no había aumentado, se perdió el 70% de la capacidad de compra
López Obrador.
Desde el 1 de enero, el salario mínimo pasó de 88.36 pesos diarios a 102.68 pesos, mientras que en la frontera norte y en Chetumal se duplicó a 176.72 pesos.
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dijo que Tlahuelilpan está “en una zona muy singular de Tula” que se ha visto modificada sustancialmente por la refinería de Pemex desde hace 40 años: “les hace falta fuentes de empleo y donde no se pueden llevar las inversiones, les hace falta aplicar programas sociales, tiene que ser una combinación”.
“Habría que ver si el gobierno impulsa su idea de caminos rurales intensivos en mano de obra justamente en esa zona que ha tenido actividad de robo de gasolina y a través de esta serie de programas reencausar parte de la actividad económica, pero va a ser muy complicado”, dijo De la Torre.
El Programa Nacional de Infraestructura de Carretera es una de las estrategias del gobierno para mejorar las vías de comunicación con la construcción de 5,531 kilómetros de nuevos caminos, con una inversión de 14,200 millones de pesos.
Por otro lado, coincidieron en que hacer al huachicoleo un delito grave y aplicar la prisión preventiva contribuirá poco a resolver el problema.
“Lo que necesitas es un poder judicial efectivo que logre desmantelar estas redes, cuando usas la prisión preventiva como un mecanismo de aproximación a la justicia lo único que haces es agarrar a gente que no sabes si tendrás las pruebas. Saturas al sistema y aumentas la posibilidad de quienes son realmente responsables salgan por el efecto de la saturación”, dijo Villafuerte.
