El gasto administrativo del gobierno federal, es decir, los recursos asignados a rubros como sueldos y salarios, prestaciones de funcionarios, servicios básicos, publicidad oficial, viáticos, ceremonias oficiales, entre otras partidas, cayó por primera vez desde la pandemia.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico (SHCP), el gasto burocrático ascendió a 317,002 millones de pesos durante mayo del presente año.
Este monto dio una caída anual de 1.2% en términos reales, después de tres meses con alzas al hilo; considerando solo mayo, fue la primera disminución desde 2020, año de la emergencia sanitaria, cuando descendió 4.8%.
A diferencia del gasto corriente, el gasto administrativo no incluye las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas que se otorgan a otros entes públicos o a la ciudadanía con propósitos sociales (pensiones, subsidios, ayudas, donativos, entre otras)
detalla el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Gasto burocrático, a detalle
El gasto administrativo o burocrático de la Federación es la suma de los recursos dirigidos a las partidas de servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales.
En el primer caso se refiere a remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, como sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social.
Para mayo, el rubro de servicios personales obtuvo un crecimiento de 2.4% a tasa anual real, resultado con el cual exhibió una racha de seis meses con variaciones positivas.

El costo de oportunidad
La partida de materiales y suministros considera los insumos requeridos para la prestación de bienes y servicios, así como para el desempeño de las actividades administrativas; en el quinto mes retrocedió 5.6%.
Mientras los servicios generales, con una baja de 3.6%, cubren el costo de todo tipo de servicios que se contraten a particulares o instituciones del propio sector público, y los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.
Es decir, aquí se encuentran, además de los sueldos y salarios, honorarios y prestaciones, la compra de, por ejemplo, artículos de oficina; materiales de limpieza; alimentos y utensilios; medicinas; gasolina; viáticos; el pago de agua, luz, gas, internet, telefonía, etcétera.
El IMCO expone que en la práctica existe también un costo de oportunidad, que equivale a los beneficios sociales que se dejan de obtener al no destinar dichos recursos a otras partidas o rubros de gasto que tienen un impacto directo y más claro en la población.
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