El gobierno federal y el sector privado pusieron en marcha un plan para tratar de hacer frente a la inflación, confiando que no afectará a las finanzas públicas del país; sin embargo, el mantener los estímulos a los combustibles apuntan a otra realidad que puede generar mayores presiones a las arcas del gobierno.
La propuesta de homologar precios de la canasta básica surge tras el alza en el precio internacional del petróleo que desde hace meses ha provocado presiones en la inflación, no solo en la economía mexicana, sino a nivel global.
Ante ello, la Secretaría de Hacienda empezó a dar estímulos fiscales a las gasolinas y diésel a fin de que la inflación no se dispare, la cual, según el secretario Rogelio Ramírez de la O ya rondaría el 10% anual, desde el 7.45% que tocó en marzo.
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Para el profesor del Tecnológico de Monterrey, Héctor Villarreal, los estímulos a la gasolina y diésel no dejará de ser una política pública polémica pero que dejaría entrever que hay una ‘dominancia monetaria’ sobre una ‘dominancia fiscal’.
(Sobre) la dominancia fiscal, de no querer subir tasas por miedo a que aumente el servicio de la deuda, estaremos viendo un escenario de dominancia monetaria; estás castigando (recaudación de) impuestos con tal de que no suba la inflación
dijo Villarreal en entrevista.
Además, cálculos de Villarreal apuntan a que del IEPS a los combustibles, la economía perdería hasta 1.3% del PIB “que mucha falta nos hace”.
Un costo de oportunidad
El director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), José Luis Clavellina, consideró que más allá de un costo en términos fiscales esta serie de medidas, que derivaron en el plan antiinflación, representan un costo de oportunidad para las finanzas públicas.
El costo de oportunidad es decir ‘¿qué hacemos con los excedentes petroleros que se están teniendo?’ Se trata de recursos que se pensaban para mejorar la salud, transporte público y estás renunciando a ellos
dijo Clavellina en entrevista.
Clavellina cuestionó sobre si esta es la mejor forma de utilizar los ingresos petroleros excedentes, e incluso propuso que se cobre una parte del IEPS y no sea un estímulo de 100% como se ha aplicado desde mediados de marzo.
En términos de recaudación, el gobierno ya avizoraba menores ingresos tributarios, tan solo en septiembre del año pasado se esperaban 3.9 billones de pesos y ahora se prevén 3.7 billones para este año.
Comercios pequeños, los más afectados
Si bien la Secretaría de Hacienda contempla que el plan denominado ‘Paquete contra la inflación y la carestía’ no generará un daño las finanzas públicas ni a las cadenas de producción, distribución y comercialización, lo más probable es que al final sean los comercios pequeños los que absorban el efecto de la inflación externa e interna.
José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), comentó que en el plan que presentó el gobierno federal se debió aclarar qué tanto puede ser sostenible porque las empresas tienen capacidad limitada para enfrentar costos financieros.
Lo que normalmente acaba ocurriendo es que los segmentos más fuertes de la cadena, es decir, los más dominantes, acaban trasladando ese costo a otra parte de la cadena de distribución y comercialización. Es decir, el productor más grande podrá mantener su margen, pero podría trasladar el costo a la parte más débil que podrían ser los pequeños negocios
Entonces, si bien se contienen en el corto plazo la inflación, lo que se genera son desequilibrios en la cadena productiva y que si se prolonga generará que las empresas más pequeñas quiebren o no puedan respetar el acuerdo de no subir precios, añadió De la Cruz.
