La crisis económica que vivió el país por la pandemia del COVID-19 durante 2020 generó que más de 13 millones de personas que percibían un ingreso laboral medio o alto se trasladaran a la población que percibe los ingresos más bajos, reveló un estudio del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

El 56% de aquellos que tenían los ingresos más altos permanecieron en ese grupo durante 2019; sin embargo, este porcentaje se redujo a 55.1% en 2020; expuso Rodolfo de la Torre, integrante del CEEY durante la presentación del estudio. 

Más de 13 millones de personas de ingresos medios y altos pasaron a las filas del 40% de la población con menores ingresos laborales, esto significa que la pobreza ha sido alimentada de estratos medios de la población, pero también de estratos altos

La caída en los ingresos medios y el aumento en la desigualdad implican un considerable descenso en el nivel de vida de una parte importante de la población, comentó.

El estudio menciona que alrededor del 23.7% de la Población Económicamente Activa (PEA) se retiró de la búsqueda de empleo y del trabajo remunerado; mientras que los aún empleados redujeron su ingreso y se incrementó la desigualdad. 

El avance en la reducción de pobreza laboral desde 2018 y hasta inicios de 2020 se perdió a causa del COVID-19”, expuso el CEEY en su estudio de movilidad social en el mercado laboral 

La movilidad laboral en 2019 generó un decremento neto en la pobreza de dos puntos porcentuales, mientras que en 2020 esta tendencia se revirtió y contribuyó con un incremento neto de cuatro  puntos porcentuales, según el estudio. 

Con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el CEEY mencionó que las alteraciones más significativas del mercado laboral se observaron en el tercer trimestre del 2020.

En dicho periodo, cerca del 20% de la PEA se retiró de las ocupaciones disponibles o de la búsqueda de empleo y pasó a las filas de la Población No Económicamente Activa (PNEA), con lo que solo 73.3% de la PEA mantuvo un empleo remunerado. 

Pero de este 73.3%, alrededor del 62.3% no contó con acceso a servicios de salud, lo que significó cinco porcentuales por arriba de su promedio entre 2006 y 2020.