Si la Secretaría de la Función Pública (SFP) asume el control de las compras públicas, lo que la convertiría en fiscalizadora y ejecutora del gasto de manera simultánea, supondría un riesgo de imparcialidad y un conflicto de interés, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Por ello, el instituto propone que es necesario identificar las necesidades de compra de las dependencias y promover la coordinación entre la Función Pública y las instituciones para solicitar los bienes y asegurar las mejores prácticas en materia de centralización de compras.

La iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea que los órganos del sector paraestatal cuenten con sus propias Unidades de Administración y Finanzas (UAF), a fin de homologar dichos organismos en el ejercicio del gasto público

Además, propone que la Función Pública se encargue de nombrar y remover a las personas titulares de las Unidades, atribución que desde diciembre de 2018 corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

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Prevenir conductas indebidas, el objetivo

El objetivo de la propuesta es incrementar las capacidades de prevención de conductas indebidas en el ejercicio del gasto público, por lo que se plantea que sea la dependencia a cargo de Roberto Salcedo Aquino conduzca la operación de las UAF de las dependencias. 

Si bien la coordinación de las operaciones de las UAF puede mejorar la ejecución del gasto público, prevenir desvíos y posibles actos de corrupción; ante el riesgo de imparcialidad propone asegurar que las labores de fiscalización del gasto y administración de finanzas que lleve a cabo la SFP se realicen bajo estricta separación. 

“Es de suma importancia que los criterios de elegibilidad y remoción de los titulares de dichas Unidades se apeguen a la promoción de perfiles idóneos y no bajo designaciones directas”, señaló el IMCO en su análisis. 

Cambios en Órganos Internos de Control

Aunque la iniciativa mantiene las funciones de la SFP, prevé reducir estructuras administrativas y redistribuir funciones para generar ahorros. 

Esto significa que los Órganos Internos de Control (OIC) serían agrupados por sector, materia o ente público para armonizar funciones, reducir costos y promover la independencia e imparcialidad de las decisiones.

Para el IMCO, la reducción de estos órganos de control podría representar tanto un beneficio como un riesgo, pues aunque se podría fortalecer la especialización y generar mayor independencia en las funciones, también se podría comprometer la correcta operación de estos organismos al aumentar la carga de trabajo. 

La propuesta del Instituto radica en que se garantice que el rediseño de las estructuras de control interno no comprometan o debiliten su funcionamiento a través de recursos humanos y materiales suficientes.

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