El denominado derecho de piso, es decir, el cobro que realiza la delincuencia a los pequeños, medianos y grandes negocios para no agredirlos, llega a representar hoy en día hasta 20% de sus utilidades, ya que el pago promedio de este tipo de extorsión asciende a 500 pesos a la semana.
Ante este escenario, un pequeño comercio de abarrotes víctima de este hecho llega a pagar hasta 2,000 pesos mensuales para que lo dejen trabajar, cifra que representa el 20% de su utilidad mensual, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
Sin embargo, este cobro puede alcanzar un techo de hasta 50,000 pesos dependiendo el giro del negocio.
Lo más grave no es el hecho mismo de la extorsión, sino que nos estamos acostumbrando a ella (…) Si alcanzas el éxito comercial con el que soñaste, deberás entender y aceptar de antemano que hay que pagar un diezmo del 20% de tu utilidad a los delincuentes por ambas razones, por el derecho a trabajar y por el hecho de ganar dinero
comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.
El derecho de piso no es el único delito contra la economía que sufren los pequeños negocios; además, existen la extorsión carretera, que es el cobro por derecho de tránsito; la extorsión telefónica, que va directamente hacia el ciudadano y le cobra por el derecho a tener seguridad familiar, entre otros.
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Extorsión a negocios se extiende en 22 estados
La ANPEC dio a conocer que en el primer trimestre del presente año, la extorsión cobró mucha fuerza y se extendió en 22 estados de la República:
Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Colima, entidad perdida en la agenda pública, seguido de Zacatecas y Quintana Roo, son los Estados más violentos del país en este desfile de extorsión (…)
declaró Rivera.
Ante la violencia que se emplea para realizar los cobros o extorsiones, los negocios prefieren mantener una buena relación con la delincuencia, con opciones que van desde pagar la extorsión, cambiar su negocio a otro punto o dirección, o incluso cerrarlo u optar por un nuevo giro con menor exposición y riesgo.
La ANPEC puntualizó que la extorsión se dirige con total impunidad a los negocios que son productivos y tienen vigencia en el mercado, “es un impuesto ilegal e inmoral que cobra por el derecho a trabajar y fomenta la criminalidad para fondear las finanzas de las pandillas delincuenciales”.
