Los cambios en la política energética, así como la inseguridad y la falta de una política integral para aprovechar el nearshoring, desalientan la inversión y limitan el crecimiento de México, consideró Moody’s.
La agencia calificadora señaló que la política de soberanía energética que asigna un rol estratégico para las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) han afectado la inversión privada, particularmente en energías renovables, repercutiendo en la descarbonización del país.
Moody’s recordó otras acciones que se han tomado en el sector, como la cancelación de las subastas eléctricas, el freno a las reformas aprobadas en el sexenio pasado y el debilitamiento a los reguladores mediante recortes de presupuesto y la designación de personajes alineados al actual gobierno.
En su reporte, indicó que si bien el Congreso rechazó la reforma eléctrica, las intenciones del gobierno afectaron las inversiones en el sector, mientras la controversia en el tema energético con Estados Unidos bajo el T-MEC presiona más la llegada de flujos desde el extranjero.
A menos que la política actual cambie, la demanda de electricidad de México probablemente sobrepasará sus expansiones de capacidad, lo que incrementará la dependencia de importaciones de gas natural
indicó la agencia.
Dependencia de Pemex y CFE
Además, indicó que el apoyo más explícito para que CFE y Pemex cumplan con sus obligaciones de deuda las ha vuelto más dependientes de las transferencias gubernamentales y su calidad crediticia esté más vinculada al gobierno.
Moody’s agregó que la reciente reforma minera agrega incertidumbre sobre las concesiones en el sector, incrementa la carga regulatoria y eleva los riesgos de terminación anticipada, por lo que también podría desalentar los flujos de las empresas dedicadas a la minería.
La firma dio a México una puntuación de riesgo de gobernabilidad moderadamente negativa por el débil control de la corrupción y el Estado de derecho, y apuntó que la relativamente alta desigualdad de ingresos así como la intensificación de la violencia limitan las perspectivas económicas y se traducen en un riesgo social moderadamente negativo.
“El envejecimiento de la población plantea más riesgos sociales, con un sistema de seguridad social con fondos significativamente insuficientes y mayores demandas sociales para el futuro”, expuso la calificadora.
