A escasos días de dejar la presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) extendió hasta el 30 de septiembre de 2026 el decreto por el cual se regularizan los automóviles usados de origen extranjero, coloquialmente llamados “autos chocolate”.
El Gobierno de México está obligado a implementar y continuar con estrategias que mejoren el bienestar de la población, otorguen certeza jurídica, protejan el patrimonio familiar y garanticen la seguridad pública,
se le en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El decreto de los autos chocolate, que originalmente expiraba el 31 de diciembre del año en curso, ha permitido regularizar 2.55 millones de automóviles “con lo cual, se otorgó certeza jurídica y protección al patrimonio de la ciudadanía”.
De acuerdo con la información gubernamental, la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera ha logrado recaudar 6,398 millones de pesos.
El decreto permite la regularización de los autos chocolate que se encuentren en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco y Michoacán de Ocampo.
Además de Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, “entidades federativas que tienen un alto índice de población migrante en Estados Unidos y Canadá”.
AMDA se posiciona contra los autos chocolate
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) el presidente López Obrador amplió el decreto para regularizar contrabando automotriz invadiendo mandato de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Es lamentable que López Obrador invada con su decisión el mandato de la Dra. Claudia Sheinbaum al extender el decreto por dos años más, a sólo cuatro días de terminar su presidencia,
se lee en un posicionamiento.
Añaden que el conocimiento técnico, la trayectoria profesional y el compromiso con el medio ambiente de la presidenta Sheinbaum les hacían pensar que se revirtiera una política gubernamental nociva para México.
AMDA advirtió que lejos de contribuir a evitar el contrabando, la ilegalidad y la circulación de vehículos sin identificar, la regularización autorizada sin mayores mecanismos de control se convertiría en un estímulo al contrabando.
La asociación también aseguró que se ha generalizado la corrupción de funcionarios públicos que permiten el ingreso al país del contrabando, toleran la venta en vías públicas, la circulación en las vías de comunicación y finalmente la regularización sin cumplir los requisitos.
Otro punto que igualmente se ha confirmado es la participación de las bandas del crimen organizado en todo el proceso de contrabando y venta ilegal de vehículos. Estos grupos han sido los principales beneficiarios del decreto del presidente López Obrador.
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