Desde la segunda semana de octubre, el Congreso de Tabasco permite que grandes proyectos de infraestructura y obra pública sean concedidos por medio de adjudicación directa, sin necesidad de licitación.
La medida es controversial, señalan expertos, ya que abre la puerta a una mayor discrecionalidad de los recursos, no solo en el estado sino en el resto del país.
El 18 de septiembre la fracción parlamentaria de Morena presentó en el congreso local de esa entidad la iniciativa de modificación a la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual establece las condiciones del manejo del capital.
La modificación, que ya fue aprobada, permite que las entidades y autoridades correspondientes opten “bajo su responsabilidad” por no hacer licitaciones y celebrar contratos por adjudicación directa o invitación de al menos tres personas; especialmente en grandes obras de infraestructura.
La fracción morenista justificó la medida como una manera de agilizar la construcción de los proyectos que plantea para el estado la futura administración, como la construcción de una refinería en el Puerto Dos Bocas, en Tabasco, presupuestada en 150,000 millones de pesos.
También las inversiones asociadas a la construcción del Tren Maya, que tendrá dos estaciones en este mismo estado.
Otros proyectos “accesorios, de mantenimiento y relacionados” se podrán adjudicar bajo el mismo esquema.
El director jurídico del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), Ricardo Corona, dijo a EL CEO que el gasto ejecutado en infraestructura por los estados y municipios en ocasiones llega a ser mayor que la inversión en grandes proyectos, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) o las refinerías.
De 2013 a 2018, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco tuvo un gasto de 9,305.5 millones de pesos.
Adelgaza certezas
La medida fue criticada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
“La experiencia demuestra que la asignación directa de proyectos reduce las ventajas en cuanto a precio y calidad que genera la presión competitiva resultante de un concurso público o licitación”, argumentó el organismo en un comunicado.
La Cofece ya interpuso un recurso de controversia constitucional para revertir la modificación.
Corona explicó que el principal conflicto con la modificación a la ley es que adelgaza la dureza del proceso de contratación y elimina el análisis que justifica el fallo en favor de los licitantes.
El mensaje que se está mandando es que se puede poner en riesgo, por una parte, la calidad en elaboración y ejecución de los contratos. También la ausencia de conflicto de interés, manipulación de los recursos, discrecionalidad y corrupción
señala el experto del IMCO.
Destacó además que el resultado de esta reforma es una legislación estatal que carece de requisitos mínimos en términos de competencia, de criterios claros, transparentes y de un esquema de responsabilidades eficaz.
¿Modelo a seguir?
El IMCO elaboró el Índice Legal de Obra Pública 2018, que evalúa las prácticas en materia de contratación de las 15 entidades con mayor población y aportación al PIB.
Revisaron 144 variables a partir de ejes transversales como finanzas públicas, fiscalización, planeación, competencia, responsabilidades administrativas, tecnologías de la información y transparencia.
Los resultados arrojaron que “de los 15 estados con mayor población e impacto en el PIB nacional, ninguno cumple con los requisitos mínimos evaluados”.
La entidad mejor punteada fue el Estado de México con 66.7% de cumplimiento y la peor fue Querétaro, que incumplió el 74.3% de los requisitos.
El directivo del IMCO señaló que con el caso de Tabasco se está abriendo una puerta para que otros congresos lo repliquen. “Ahí, técnicamente ‘se nos está regando el tepache’, porque cada estado puede hacer lo que quiere en con este tipo de acciones”.
Destacó que pese a existir una ley federal, hoy por hoy no existen directrices para que los estados se alineen.
El IMCO en conjunto con academia y otras organizaciones civiles enviaron a las comisiones correspondientes un proyecto de Ley General de Obra Pública que establezca los principios mínimos para el manejo de recursos públicos, que si bien ya fue recibida, aún no se discute en el pleno.
