El conflicto por el gasoducto Texas-Tuxpan fue “la gota que casi derramó el vaso” y que apuró la renuncia de Carlos Urzúa al cargo de Secretario de Hacienda, según dijo en entrevista a la más reciente edición de la revista Proceso.
Se trata de un litigio solicitado por CFE en contra de TransCanada y IEnova, que según el exfuncionario podría tener repercusiones no solo con el abastecimiento energético, también podría detener nuevamente la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El conflicto inició -oficialmente- el 24 de junio de 2019, cuando la Comisión Federal de Electricidad solicitó un arbitraje para hacer nulas algunas cláusulas del contrato de prestación de servicios. Esto luego de que en febrero aparecieran las primeras señales del presidente, Andrés Manuel López Obrador y el director de la CFE, Manuel Bartlett, para reestructurar los contratos con las empresas encargadas de la construcción de los gasoductos.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, IEnova detalló que las cláusulas hacen referencia a “la responsabilidad de las partes en eventos de caso fortuito y de fuerza mayor, así como el reembolso de pagos por capacidad relacionados a dichos eventos que la CFE inicialmente reconoció conforme al contrato y que ahora considera indebidos, entre otros”.
El recurso fue interpuesto para negociar mejores condiciones en los contratos, pues los consideran “gravosos” para la CFE. En la misma situación se encuentra Carso Gasoducto Norte, filial de grupo Carso.
El análisis ejecutivo de la cuenta pública 2017, realizado por la Auditoría Superior de la Federación, encontró que en ese año la CFE realizó pagos por 6,900.58 mdp, por “Cargo Fijo” de 12 gasoductos sin tener beneficios por su construcción y aún sin estar operando por conflictos ajenos a las empresas para concluir las obras.
La mitad de ese monto es relativa a cuatro gasoductos que no tienen central eléctrica a la cual suministrar gas natural. Las terminales no se habían licitado “por la falta de elaboración de los análisis de evaluación financiera para determinar la viabilidad de los proyectos”.
Por lo anterior, la ASF recomendó a la CFE “evaluar la situación que guardan los proyectos de inversión de dichas centrales eléctricas, y definir su viabilidad o, en su caso, determinar las acciones a realizar que más convengan”, señaló el informe.
“Lo que pide el arbitraje no se ha hecho público porque es un procedimiento entre privados, sin embargo se entiende que se busca la renegociación de las cláusulas que le dan derecho a la empresa al pago de capacidad aun cuando el ducto esté parado por causas de de fuerza mayor”, dice Miriam Grunstein, socia en Brilliant Energy Consulting.
El gasoducto Texas-Tuxpan
El desarrollo de este proyecto de infraestructura se incluyó junto con otros 11 gasoductos en el plan Quinquenal 2015-2019 de la CFE, todavía a cargo de Enrique Ochoa Reza. Con una inversión total estimada de 135,462 millones de pesos.
El gasoducto de Texas-Tuxpan fue licitado en un concurso internacional en el que participaron dos empresas.
La primera, Ducto Mar Gas S.A.P.I, fue descartada porque no se comprobó que tuviera relación corporativa con Sapurakencana S.A.P.I, empresa de la que mencionaba ser filial y no se pudo comprobar que tuviera suficiencia financiera para el desarrollo del ducto.
La segunda participante fue Infraestructura Marina del Golfo, conformada en 60% por Transcanada y 40% por IEnova. Su propuesta contemplaba un costo de 2,111 millones de dólares.
El 13 de junio de 2016 se dio el fallo en favor de Infraestructura Marina del Golfo y 25 días después, Ochoa Reza renunció como directivo de la CFE para concursar por la dirigencia del PRI.
Del fallo fueron testigos 27 observadores externos, entre ellos la Business Manager de IEnova en México.
Al anunciar Transcanada que habían obtenido la licitación, añadió en un comunicado, “en los últimos ocho meses CFE adjudicó a TransCanada los gasoductos de Tuxpan-Tula y de Tula- Villa de Reyes pipeline, cuyas actividades de construcción están ya en proceso con la expectativa de entrar en servicio en el 2018”.
El proyecto comenzó operaciones y presentó algunos retrasos, ya que estaban pendientes permisos que tenían que entregar la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
También enfrentó la resistencia de pobladores y pesqueros por las afectaciones que generaría la obra. En 2018, el biólogo Henry Márquez Escudero, líder de los pescadores veracruzanos que se oponían a construcción del ducto fue raptado y liberado 36 horas después con signos de violencia.
El proyecto fue concluido el 11 de junio del 2019, según informó en otro comunicado IEnova.
La preocupación de Urzúa
Según señaló durante la entrevista con el semanario Proceso, la solicitud de arbitraje podría frenar la firma del T-MEC, al ser IEnova filial de la empresa estadounidense SEMPRA, de la que es miembro del Consejo de Administración la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, personaje clave en la aprobación del nuevo tratado comercial.
“En el momento en que nosotros nos aventemos el pleito, Pelosi va a bloquear cualquier posible firma del T-MEC”, dijo Urzúa a Hernán Gómez. Además de que Transcanada ya tiene historial en demandas relacionadas con los gasoductos.
Tas la solicitud de arbitraje, la CFE señaló que el proceso se realiza sobre contratos entre particulares y no entre gobiernos, por lo que descartó la posibilidad de una crisis diplomática o de una afectación en las relaciones comerciales internacionales.
La especialista de Brilliant Energy Consulting señaló que además se pone en riesgo el abastecimiento energético.
“Pone en riesgo la seguridad energética futura, no la actual porque efectivamente no está en operación, porque ese gas va abastecer por una parte al centro del país y la otra al sureste”.
“Es la oportunidad que tenemos de tener gas continental y con precios más bajos, porque o explotamos el nuestro que nos va salir caro porque tendríamos que llevar a cabo las obras de exploración y explotación con el entubamiento y transporte o lo importamos por vía marítima que también es muy caro. Por el momento no tenemos una alternativa simple para abastecerse y por eso hay que recurrir al gas importado que es más barato”, dijo Grunstein.
Adicionalmente la vocería de la República señaló que los integrantes de la mesa de conciliación se reunieron este 15 de julio en un segundo encuentro para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación. El primero ocurrió el 8 de julio.
El 20 de julio es el día máximo previsto por el sector privado para llegar a un acuerdo con las autoridades, a fin de que se regularice el suministro de gas natural para las empresas del sureste del país.
A la primera reunión de negociaciones asistieron el secretario particular del presidente de la República, Alejandro Esquer Verdugo; el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz; y los representantes de las empresas Fermaca, Octavio Berrón Cámara; Grupo Carso, Gerardo Kuri Kaufmann; IEnova, Tania Ortiz Mena; TC Energía, Carlos Borunda Zaragoza; así como el presidente del CMN, Antonio del Valle Perochena y el director general de Políticas Públicas del CCE, Javier Treviño Cantú.
