En 15 ciudades de tres estados del país ya inició el Programa de Mejoramiento Urbano con el cual la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano planea recuperar zonas marginadas del país a través de inversión en infraestructura y desarrollo de espacios públicos.

La tercera entidad en recibir la atención – después de los Cabos y Sinaloa- es Guerrero, donde serán beneficiadas alrededor de 24 colonias, según la dependencia. Sin embargo, a nivel nacional, el reto es amplio ya que existe rezago en la cobertura de infraestructura urbana y servicios básicos.

Por ejemplo, de acuerdo con cifras del Inegi, a nivel nacional existen más de dos millones de vialidades sin ningún tipo de recubrimiento y más de 365,000 manzanas cuyas vialidades no cuentan con banquetas. Adicionalmente 21.6% del total de las viviendas habitadas no tiene acceso a agua entubada y más de 7.7 millones de hogares carecen de drenaje.

ONU HABITAT, el brazo especializado en ciudades y calidad de vida de la Organización de Naciones Unidas, explica que el rezago se relaciona principalmente con una urbanización acelerada además de “la situación socioeconómica de la población, la falta de oferta de vivienda formal para familias pobres y de políticas adecuadas para lograr el financiamiento urbano”.

A ello se le suma la irregularidad de los asentamientos. “Gran parte del rezago se da porque son colonias que tienen origen irregular. No surgieron de acuerdo a lo que marcan las leyes de desarrollo urbano”, explicó Francisco García Mier, director general de Conurba, una agencia de consultoría especializada en gestión urbana y ambiental.

Para Francisco García, el hecho de que se destinen los 8,000 millones de pesos del PMU únicamente en 15 ciudades cuando existen muchos más municipios con carencias responde a un a estrategia de focalización y aunque considera viable el programa opina que hace falta profundizar.

“Una estrategia más profunda debería considerar la cuestión de regularizar la tenencia de la tierra no únicamente la dotación de los servicios”.

Explica que al no regularizar la tenencia de la tierra, el suelo vacante puede estar sujeto de nuevo a comercialización irregular, lo cual derivaría en especulación de valor del mismo.

El directivo señaló como una ventaja que el gobierno federal sea quien lleve la rectoría del reordenamiento, sin embargo señaló que también será necesario trabajo de concertación con los gobiernos estatales y locales y así el trabajo federal no se reduzca al financiamiento y a la inversión directa sino al desarrollo de una visión integral.