El jueves se cumplen dos años del sismo magnitud 7.1 en escala Richter que ocasionó el derrumbe de 36 edificios y daños a casi 11,500 inmuebles en la Ciudad de México.
Es un aniversario que las personas damnificadas recordarán con dolor por haber perdido su patrimonio o a sus seres queridos, y sobre todo, con impotencia por la ineficacia de las autoridades de procuración de justicia capitalina.
En octubre de 2017, un mes después del sismo del 19 de septiembre (19S), la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tenía abiertas 82 carpetas de investigación por denuncias de hechos o comisión de delitos como homicidio culposo o fraude, en relación con el derrumbe de edificios, de acuerdo con el entonces jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera.
Dos años después, el único caso mediático que ha llegado a manos de un juez con éxito es el de el Colegio Enrique Rébsamen, donde fallecieron 26 personas, 19 de ellos, niños.
“Muy pocos litigios han avanzado. En realidad el único que ha avanzado es el del Rébsamen. Otros edificios, como el de Zapata 56, que se cayeron a dos años de haberlos comenzado a utilizar, no han tenido el éxito que ha tenido el colegio y otros casos menos famosos ni siquiera se han judicializado”, dice en entrevista Rebeca Moreno, integrante de la agrupación Ciudadanía 19S, que ha acompañado a los damnificados.
Para que un caso llegue a judicializarse, es decir, que llegue a manos de un juez, el Ministerio Público debe realizar una investigación y determinar si existe un delito o no.
Muchas de las denuncias presentadas por construcciones irregulares, derrumbes o daños en inmuebles a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017 no fueron acreditadas como delitos, por lo que nunca llegaron a instancias de impartición de justicia.
En varios de estos casos, las decisiones fueron “problemáticas” porque las investigaciones tuvieron fallos o los expedientes fueron manipulados. “Ahora que vamos a cumplir dos años, hay muy pocos casos que siguen en el proceso”, dice Moreno.
Deficiencias en el proceso
El principal problema al que se enfrentan las personas que decidieron interponer una denuncia por daños o colapso de su propiedad es a la negligencia de las autoridades.
Un ejemplo es el del helipuerto del edificio Nuevo León 238, en la colonia Condesa.
Pese a que se acreditó que su construcción era ilegal y violatoria del uso de suelo, el Ministerio Público ha insistido en no fincar responsabilidades penales contra sus dueños, aludiendo a la fecha de construcción del edificio -aunque la construcción del helipuerto fue superior- y a que los daños en inmuebles colindantes fueron ocasionados por el sismo, no por la estructura que ocasionó el colapso.
“El Ministerio Público, los servicios periciales y la Procuraduría han sido negligentes. En un dictamen le preguntaron al perito si (el helipuerto) había causado daño y él contestó ‘el daño lo causó el sismo’, sin ninguna metodología y sin explicar cómo se llegó a la conclusión”, dice Mariana Gil, representante legal de los vecinos de Nuevo León 230, colindante con el inmueble que colapsó por el peso del helipuerto.
Tras el sismo, vecinos de este edificio presentaron una denuncia penal y un amparo en materia administrativa donde se señalaba el incumplimiento de ocho autoridades capitalinas para adoptar medidas preventivas, investigar y sancionar a las autoridades que toleraron irregularidades y garantizar que todas las reglas de construcción se cumplieran, dice un documento elaborado por Ciudadanía 19S con corte en diciembre del año pasado.
En 2018, el amparo fue desechado, mientras que el proceso penal sigue abierto pero no ha tenido avances significativos.
“Yo no entiendo bien qué está pasando porque desde el inicio de la investigación, la autoridad tenía la prueba documental de autoridades administrativas donde decía que ahí no se podía construir un helipuerto. No sé en qué momento pasaron dos años y seguimos en esto”, dice Gil.
Un problema estructural
En el caso de los vecinos de Nuevo León 230, el curso legal sigue. Pero cada vez son menos los casos en esa situación. Muchos damnificados han desistido de llevar sus casos ante la justicia, ya sea por hartazgo o falta de recursos.
“Muchas personas han desistido, a otras se les acabó el dinero para seguir pagando abogados”, dice Rebeca Moreno, quien comparte el caso de Zapata 56, donde solo una vecina ha seguido pagando a sus abogados porque los otros vecinos no pueden.
Zapata 56 es un edificio que, con menos de dos años de haberse construido, colapsó durante el 19S debido a la mala calidad de sus materiales. Los residentes demandaron en su momento a la constructora Canadian Building Systems de México por fraude y asociación delictuosa. Hasta el momento el caso no se ha judicializado.
En otros edificios colapsados, los residentes ya desistieron o incluso se rehusaron a presentar una demanda.
Por ejemplo, el inmueble ubicado en Eje Central 418, que tenía menos de un mes de ocupación y resultó con daños estructurales tras el sismo, es uno de ellos. En ese caso, la Procuraduría General de Justicia hizo una investigación deficiente, de acuerdo con documentos de Ciudadanía 19S en posesión de EL CEO.
“Se tuvieron varias citas con el despacho y con el ingeniero estructurista, quien determinó que en la colonia Portales hubo una aceleración del sismo mayor a la norma (norma de diseño y norma de servicio), por lo que se clasificaba como “asunto de fuerza mayor”, en cuya situación el contrato de compra-venta dejaba sin responsabilidades legales a la empresa vendedora”, señala el documento.
Otros ejemplos son los de los edificios Saratoga 714, en la alcaldía Benito Juárez y Amsterdam 25, en la alcaldía Cuauhtémoc. En ambos casos, había avisos previos de protección civil que no fueron atendidos. Ninguno se litigó.
Uno de los principales problemas con esto, de acuerdo con Rebeca Morales, es que los problemas legales se vuelven particulares, mientras que las autoridades encargadas de verificar las construcciones no reciben sanción.
“Ellos tienen una parte de la responsabilidad, pero no hemos visto que los sancionen”.
Por ello, su panorama es poco halagüeño: cree que se seguirá entorpeciendo el acceso a la justicia de las personas damnificadas que, a dos años, siguen peleando por hacer valer sus derechos.
