Son 61 proyectos los que están considerados en Acuerdo Nacional de Infraestructura, 15 de ellos comenzarán durante 2019. En total se estima requerirán 254,990 millones de pesos de inversión que aportará la iniciativa privada.
Durante el 2019 el sector de la construcción ha atravesado múltiples caídas, derivado de un menor gasto en inversión. Para revertirlo se ha hablado de acelerar la industria por medio de inversión. Tanto la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acordaron acelerar inversión, y la iniciativa privada se comprometió a colaborar.
El pasado 12 de noviembre, miembros de la iniciativa privada encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se reunieron en Palacio Nacional con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para definir y validar un programa de inversión que puede ponerse en marcha de manera inmediata.
Dicho programa considera que en lo que resta del año se pueden comenzar las obras relacionadas con la terminación de la Coquizadora de Tula, la rehabilitación de la planta coquizadora de Cadereyta, la ampliación de un gasoducto de Pemex, acciones de ampliación en los puertos de Topolobampo y Lázaro Cárdenas y mejoras a nueve aeropuertos, según indica el documento de Acuerdo Nacional de Infraestructura, al cual EL CEO tuvo acceso.
Los 15 proyectos forman parte de la primera etapa del programa, pues hay además una cartera de 32 proyectos a ejecutar iniciando 2020 para los cuales se estiman 75,156 millones y 14 proyectos en 2021 que dispondrán de 21,261 millones de pesos.
Este programa parte de un “acuerdo dinámico de colaboración entre el Gobierno Federal y el sector empresarial para incorporar nuevos proyectos de inversión, no identificados previamente inicien su ejecución de inmediato y reactiven la actividad económica”, indica el documento.
Por un lado Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Energía (SENER), Presidencia de la República con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargarán de definir los esquemas de ejecución de cada proyecto, es decir si serán concesiones, asociaciones público-privadas, contratos de prestación de servicios u otros esquemas.
Además de “promover y facilitar la participación de la inversión privada e identificar, evaluar, estructurar y autorizar el desarrollo de proyectos de infraestructura, en el ámbito de su competencia”.
Mientras que el sector empresarial se encargará de “invertir recursos de capital en los nuevos proyectos de infraestructura identificados en este acuerdo, proponer nuevos proyectos y ejecutarlos en tiempo,calidad y costo”.
El documento establece que para asegurar que se materialicen los proyectos del acuerdo se creará una instancia que haga seguimiento de cada uno con reuniones trimestrales para evaluar el avance e incluir nuevos proyectos. También está pendiente la formalización del acuerdo con la firma del presidente la cual se espera para el 26 de noviembre..
A su llegada a Palacio Nacional, el pasado 12 de noviembre, Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE dijo a medios de comunicación que la intención del acuerdo es detonar obras que estén en consenso con las comunidades y que algunos de estos proyectos ya cuentan con los requerimientos para comenzar.
