Se estima que el recorte al subsidio de vivienda que planea llevar a cabo la nueva administración federal impactará a cerca de 1,000 desarrolladores inmobiliarios en todo el país, principalmente a locales y regionales.
En 2018 se asignaron, por medio de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y la Comisión Nacional de Vivienda, 6,837.8 millones de pesos al Programa federal de Acceso a Financiamiento para soluciones Habitacionales.
Dicho programa fue eliminado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2019 y en su lugar apareció el Programa de Vivienda Social que cuenta con 1,726 millones de pesos.
Carlos Medina Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Desarrollo e Impulso a la Vivienda (Canadevi), considera que ese recurso es insuficiente para mantener la entrega de vivienda que ya se tiene lista, estimada entre 90,000 y 100,000 unidades.
El directivo explicó a EL CEO que además de las familias que no podrán acceder al recurso para comprar una vivienda, este recorte también afecta a los productores.
De acuerdo con la Canadevi, todos sus agremiados –cerca de 1,000 desarrolladores a lo largo del país, entre empresas grandes, medianas y pequeñas– tendrán una afectación.
Las empresas pequeñas, en su mayoría desarrolladores locales y regionales que hacen vivienda social, son las que enfrentarán mayores presiones, ya que son los que normalmente no tienen grandes recursos para seguir financiando, por su cuenta, la construcción de inmuebles.
Asimismo, al no haber garantía de colocación de las unidades, la banca de desarrollo podría limitar las líneas de financiamiento.
De enero a septiembre de 2018, la banca comercial y Sociedad Hipotecaria Federal colocaron 112,700 millones de pesos en crédito para desarrolladores de vivienda, según el reporte mensual de vivienda de Conavi.
Continúa incertidumbre
De acuerdo con el directivo de la Canadevi, el principal problema es que no se tiene certeza de cuánto de esos 1,726 millones de pesos se podrán utilizar.
“No sabemos para cuánto alcanza porque no sabemos cuánto de eso se va a destinar al programa. Si esos 1,726 millones van a servir también para atender estados y para atender otros productos y programas” comentó en entrevista.
Explicó que cada año las cámaras esperan a ver el presupuesto otorgado y con base en ello realizan la estimación de la cantidad de unidades que se pueden desarrollar y entregar. Durante el período de transición se habían solicitado a las nuevas autoridades de Sedatu 12,000 millones de pesos, con lo cual se esperaba colocar entre 180,000 y 200,000 unidades.
Otro de los efectos que espera es una diversificación en el portafolio de los desarrolladores, enfocada hacia el segmento medio y residencial, los cuales no están condicionados por la entrega de este apoyo gubernamental.
En 2017 la industria de la vivienda contribuyó con 6% del PIB nacional, es decir 1 billón 236 mil 4 millones de pesos; el 55.1% de esos recursos fue generado por la producción de bienes y servicios para el mercado, de acuerdo con la cuenta satélite de vivienda en México, elaborada por INEGI.
Según esa información, el 43.7% por la producción para uso final propio de los hogares, lo que incluye la autoconstrucción, ampliación y el mejoramiento de vivienda.
