La designación de CIBanco, Intercam y Vector como entidades vinculadas al lavado de dinero para cárteles del narcotráfico representa una acusación sin precedentes.
La decisión obliga a la FGR a publicar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, considerada una de las peores tragedias de derechos humanos.