FinCEN: ¿qué es y qué hace la institución que puso en jaque a los bancos mexicanos?
Dentro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, una pequeña oficina irrumpió en el sistema financiero mexicano. Su nombre técnico es Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), y tiene por objeto “recopilar y analizar informes de actividades sospechosas y otras declaraciones financieras”, “emitir regulaciones sobre cumplimiento antilavado”, “apoyar investigaciones penales, fiscales y regulatorias” y “compartir inteligencia financiera con gobiernos extranjeros bajo acuerdos especiales”.
Curiosamente, la FinCEN fue fundada el 25 de abril de 1990 por Nicholas F. Brady, entonces secretario del Tesoro en la presidencia de George H. W. Bush, y quien se convirtió en el responsable de la reestructuración de las deudas de México y América Latina, a través del llamado ‘Plan Brady’.
La historia de la FinCEN se remonta a 1970, cuando en Estados Unidos aprobó la Ley de Reporte de Transacciones Monetarias y Financieras. Esta normativa sentó las bases para lo que después se conocería como la Ley de Secreto Bancario (BSA, como se le conoce por sus siglas en inglés).
La BSA otorgó a las autoridades estadounidenses poderes extraordinarios que le permiten acceder a información bancaria y financiera que antes permanecía en absoluto secreto. En mayo de 1994, la FinCEN experimentó una transformación crucial: su misión se amplió para incluir responsabilidades regulatorias que antes no tenía.
La estructura del poder
El Director de la FinCEN es nombrado directamente por el Secretario del Tesoro. Esta designación no es casual: refleja la importancia estratégica que tiene esta agencia para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Su directora actual, Andrea Gacki –a su vez– reporta al subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, encabezada por John K. Hurley. Esta línea de mando conecta directamente a la FinCEN con las más altas esferas del poder ejecutivo de Washington.
La misión oficial de la FinCEN es clara pero ambiciosa: salvaguardar el sistema financiero de actividades ilícitas, aunque su alcance también se extiende al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel global.
La evolución del FinCEN a través de la Ley Patriot
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, se otorgaron poderes todavía más amplios a la FinCEN mediante la aprobación de la ‘Ley Patriot’, solo un año después del pánico que produjo el colapso en las Torres Gemelas.
Dicha legislación consolidó a la FinCEN, no solo como una instancia de prevención y regulación en el lavado de dinero, sino también en una agencia más de la inteligencia estadounidense.
La agencia adquirió la autoridad para combatir el financiamiento del terrorismo con herramientas impensables: rastrear fondos, identificar patrones sospechosos y coordinar operaciones internacionales en tiempo real, en coordinación con otras agencias federales.
La autoridad de la FinCEN para acceder a datos de transacciones bancarias es prácticamente ilimitada. Opera tanto a nivel nacional como internacional, aprovechando tratados y acuerdos de seguridad con otros países.
La agencia también coopera estrechamente con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la agencia antidrogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) en investigaciones complejas.
También mantiene vínculos operativos con agencias extranjeras, compartiendo inteligencia financiera en tiempo real, por lo que su capacidad de análisis abarca millones de transacciones diarias en patrones sospechosos de actividades ilícitas o terrorismo.
El caso México, un precedente histórico
En 2025, México se convirtió en el primer país en experimentar las sanciones de la FinCEN bajo la ‘Ley Fend Off Fentanyl’. Esta legislación específicamente combate el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.
El gobierno estadounidense determinó prohibir las transferencias de ciertos fondos que involucren tres instituciones financieras mexicanas, en específico con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Originalmente, la FinCEN extendió el plazo en julio a dichas entidades para dejar de operar en EU hasta el 4 de septiembre, y posteriormente, hasta el próximo 20 de octubre.
La medida envió ondas de choque por todo el sistema financiero regional, y marcó un precedente sin igual en las relaciones financieras bilaterales. Por primera vez, FinCEN aplicó sanciones directas contra entidades financieras de un país aliado.
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