Mercado electrónico de bonos de la BMV entra en la mira de EU y del T-MEC
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tiene en la Contraparte Central de Valores (CCV) de deuda su gran apuesta para 2026. Sin embargo, inconformidades con su operación ya fueron llevadas ante autoridades comerciales de Estados Unidos, lo que abre la puerta a que el proyecto sea incluido en la revisión del T-MEC.
El mercado electrónico de bonos, como también es conocida la CCV, inició formalmente operaciones el 26 de noviembre del año pasado, en un intento del centro bursátil que dirige Jorge Alegría Formoso por dotar al mercado de mayor liquidez y fortalecer su infraestructura.
No obstante, el reglamento que rige su operación deja fuera del mercado a brokers de Estados Unidos, de acuerdo con una carta enviada al Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), a la que EL CEO tuvo acceso.
Estas restricciones funcionan como una exclusión de facto de las infraestructuras e intermediarios estadounidenses, independientemente de su solidez financiera o capacidad operativa
señala el documento.
La exclusión de los operadores estadounidenses es calificada en la misiva como una “barrera no arancelaria” que contraviene el Capítulo 17 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), destinado a servicios financieros.
Fuentes con conocimiento del tema dijeron a EL CEO que la carta fue presentada ante el USTR a finales de diciembre por un grupo de brokers, y que actualmente el organismo estadounidense se encuentra en una etapa de consultas.
El interés de los operadores estadounidenses en el mercado local de deuda no es menor. Estimaciones apuntan que a través de este mercado se negocian alrededor de 1.8 billones de dólares anuales. De ese total, entre 15 y 40% de los valores mexicanos en circulación se encuentran o estuvieron en manos de inversionistas institucionales no nacionales, la mayoría de ellos con sede en Estados Unidos.
De la autorización al arranque: el camino de la CCV
A mediados de 2024, la BMV planteó la necesidad de una Contraparte Central de Valores para el mercado de deuda. Su materialización comenzó a finales de ese mismo año, cuando recibió las autorizaciones necesarias para operar.
El proceso culminó en noviembre de 2025, cuando se efectuaron las primeras pruebas.
El inicio de las operaciones de la CCV Deuda es un paso clave dentro de la estrategia del Grupo BMV para fortalecer la infraestructura del mercado
señaló el centro bursátil en ese momento.
El arranque de la CCV se dio con la operación de Bonos M, con miras a incorporar otros instrumentos de deuda gubernamental en el futuro. Las pruebas iniciales contaron con la participación de Banorte, Bankaool, Scotiabank e Invex como socios liquidadores.
Sin embargo, fuentes consultadas señalaron que, pese al inicio formal, hasta ahora no hay registro de operaciones efectivas. A solicitud de comentarios al respecto, Grupo BMV solamente respondió que “a la fecha hay seis intermediarios que operan, y el pipeline sigue robusteciéndose”.
Además de estos bancos, la CCV sumó a los brokers Enlace y SIF ICAP, este último una subsidiaria de BMV dedicada al corretaje electrónico de deuda y derivados.
SIF ICAP opera tanto en México como en Chile, país del que proviene la mayor parte de sus ingresos, pese a que el mercado mexicano es considerablemente mayor. De enero a septiembre de este año, de los 533.3 millones de pesos en ingresos que generó la firma, 33% correspondió a México y el 67% a Chile.
En los últimos cinco años, la operación chilena representó entre 66% y 71% de los ingresos totales de SIF ICAP.
El papel de la CNBV bajo cuestionamiento
La carta enviada al USTR no solo señala a la BMV, también cuestiona el papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el regulador que aprobó el reglamento que rige la operación de la CCV.
De acuerdo con la misiva, dicho reglamento utiliza una definición limitada de “plataforma de negociación”, que abarca únicamente a operadores con registro nacional. Bajo ese criterio, solo esas plataformas pueden enviar operaciones a la CCV para su compensación, lo que deja fuera a brokers extranjeros.
Dicha postura, según el documento, contrasta con el objetivo expresado por la propia CNBV y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al momento de autorizar la CCV: frenar la salida de los llamados capitales golondrinos, fenómeno que se ha acentuado en los últimos años.
Ante este escenario, la carta plantea la necesidad de una mayor transparencia regulatoria por parte de la CNBV en la aprobación de reglamentos. También subraya que, pese las autoridades mexicanas consideran a la CCV como un servicio público.
Al categorizar la compensación como un ‘servicio público’ y someter las normas de la CCV a la aprobación regulatoria, México ha transformado estas restricciones en medidas regulatorias y no en cláusulas contractuales privadas
indica el documento.
Según la misiva, las restricciones impuestas por México al acceso de empresas estadounidenses a la CCV entran en conflicto directo con diversas obligaciones del T-MEC.
La exclusión categórica de los participantes extranjeros se aplica indiscriminadamente, sin importar su solidez financiera, capacidad operativa o supervisión regulatoria en su jurisdicción de origen
destaca la carta.
Ello, añade el documento, lejos de constituir una salvaguarda prudencial legítima, opera como una barrera encubierta al acceso al mercado, en contravención del Capítulo 17 del tratado comercial.
Acceso directo al mercado electrónico de bonos, el objetivo
El planteamiento presentado ante el USTR busca impulsar una propuesta regulatoria para incluir el tema en el capítulo de servicios financieros del T-MEC durante su próxima revisión, que iniciará formalmente en julio.
El objetivo es permitir el acceso directo de empresas financieras estadounidenses a la CCV de deuda de la BMV, incluyendo casas de bolsa, bancos y sistemas alternativos de negociación.
Instamos al equipo negociador estadounidense a buscar compromisos que garanticen el acceso a la CCV en términos no menos favorables que los disponibles para los participantes mexicanos
señala la carta.
Más allá de equilibrar condiciones para los jugadores estadounidenses, el documento argumenta que la apertura reduciría el riesgo sistémico para las firmas de Estados Unidos que participan en el mercado mexicano de valores.
Actualmente, la operación de jugadores extranjeros se realiza a través de intermediarios mexicanos, un modelo que —según los firmantes— genera capas adicionales de exposición a contrapartes y eleva la dependencia operativa.
La participación directa de los agentes de bolsa estadounidenses (…) también mejoraría la resiliencia del propio sistema de compensación al ampliar su base de miembros e incorporar estándares prudenciales más estrictos
concluye la misiva.
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