SCJN vs FEMSA: se reavivan temores por litigios fiscales de Alsea, Herdez y otras empresas de la BMV
La revisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizará sobre un crédito fiscal de FEMSA colocó sobre la mesa la amenaza que este tipo de disputas fiscales representa para las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sobre todo aquellas con un historial de confrontaciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como Alsea o Herdez.
Tras conocerse el análisis del crédito fiscal por 2,868 millones de pesos, el conglomerado acumuló cuatro jornadas de bajas en el mercado bursátil local, hasta la sesión del jueves. En ese periodo, las acciones de FEMSA cayeron 2.9%.
El ajuste en el mercado accionario confirma que la reacción bursátil ante estos conflictos es inmediata, señala Adrián Ramírez, director de estrategia bursátil y productos derivados de Masari Casa de Bolsa.
Un litigio relevante, incluso sin una resolución definitiva, puede detonar caídas abruptas en el precio de la acción, elevar la volatilidad e incluso reducir la liquidez de los títulos. En escenarios más extremos, la incertidumbre puede provocar la suspensión temporal de la cotización, especialmente cuando la información pública es insuficiente o los posibles impactos son difíciles de dimensionar.
El golpe no se limita al ámbito bursátil. En el frente financiero, explica Ramírez, las multas o recargos millonarios, cargas fiscales retroactivas y la necesidad de generar reservas para enfrentar contingencias también presionan la liquidez y pueden modificar las expectativas sobre la solidez operativa de las compañías.
La pérdida de confianza de inversionistas institucionales y minoritarios, un mayor costo de capital y el deterioro del múltiplo de valoración son otras consecuencias, añade el especialista.
Emisoras de la BMV que están en la mira del SAT
Más allá del caso de FEMSA, las empresas que cotizan en la BMV arrastran una larga historia de litigios fiscales. Sin embargo, esto se volvió más visible durante los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación.
Bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el SAT, encabezado entonces por Raquel Buenrostro, aplicó una política de recaudación y fiscalización estricta con énfasis en los grandes contribuyentes, ganándose incluso el mote de la “Dama de Hierro”.
Durante su gestión, compañías de gran peso en el mercado bursátil —incluidas integrantes del S&P/BMV IPC, principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores— enfrentaron créditos fiscales o controversias por impuestos en el extranjero. Varias optaron por llegar a acuerdos con las autoridades.
Entre ellas figura la propia FEMSA, que en 2020 aceptó pagar 8,790 millones de pesos por impuestos derivados de operaciones en el extranjero. Ese mismo año, Walmart de México y Centroamérica informó el pago de 8,079 millones al fisco para saldar “asuntos fiscales sustanciales”.
América Móvil, de Carlos Slim, también pagó 8,290 millones de pesos por ejercicios fiscales entre 2016 y 2019.
En ese y años posteriores, otras empresas enfrentaron créditos fiscales y algunas decidieron ir por la vía legal. En esa lista están Alsea, Grupo Herdez y Vitro, además del caso más reciente y mediático: Grupo Salinas.
Las dudas en torno a la nueva SCJN
Las empresas listadas suelen informar a los inversionistas sobre los procedimientos legales y fiscales que enfrentan mediante eventos relevantes, reportes trimestrales o informes anuales. También contemplan una serie de riesgos que pueden alterar el curso normal del negocio. Todo ello es —o debería ser— considerado por los inversionistas al momento de tomar decisiones.
¿Cuándo percibe el mercado que el riesgo rebasa lo previsto? Cuando el monto en disputa supera con creces las provisiones y divulgaciones del reporte anual, apunta Ramírez.
Las reformas fiscales con aplicación retroactiva o las resoluciones definitivas del Poder Judicial también pueden convertirse en riesgos fuera del control de las emisoras.
No solo FEMSA: más de 100 asuntos fiscales en la SCJN
La revisión del crédito fiscal de FEMSA es uno de más de 100 asuntos fiscales relacionados con empresas que hoy están en manos de la SCJN, que en septiembre inició funciones tras una profunda reforma al Poder Judicial.
Las dudas sobre si los cambios al Máximo Tribunal podrían comprometer la imparcialidad de sus resoluciones han estado presentes desde que se dio a conocer la iniciativa de reforma.
Para André El-Mann, uno de los principales accionistas de Fibra Uno (FUNO), la nueva conformación de la Corte no debería tener mayor efecto en la resolución de conflictos entre privados. No obstante, admite que sí podría influir cuando se trata de disputas con autoridades.
Si nosotros nos dedicáramos a tener alguna concesión, o tuviéramos que disputar algo con el gobierno, pensamos que podría haber diferencias entre la Corte actual y la anterior
dijo.
Este escenario, agregó, podría desincentivar la llegada de nuevos inversionistas a México o a empresas mexicanas, aunque no afectaría a los que ya están.
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