Los dueños del gas LP: el intocable grupo de siete distribuidores que controlan el mercado
En México, ocho de cada diez hogares utilizan gas LP. Pero el precio que pagan no se decide a través del mercado, o sea mediante la oferta y demanda: durante años un pequeño grupo de siete empresas se organiza para fijar los precios y se ha repartido un negocio tan elemental como necesario. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) órgano recién desaparecido, investigó las prácticas de este clan entre los años 2017 y 2022.
La institución encontró que donde debería imperar la libre competencia, existe una asociación de familias decide el precio del hidrocarburo, se divide las zonas de venta y coordina el aumentos de márgenes de ganancia. Todo ello, sin intervención de las autoridades, solo el cumplimiento de su propia ley.
Pero la influencia de dicho grupo no se limita a la distribución. También alcanza el terreno de las contrataciones públicas: acaparan los contratos más grandes de suministro de gas LP a dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con adjudicaciones que suman decenas de millones de pesos, según documentos en poder de EL CEO.
Tras la explosión de una pipa —propiedad de Tomza, una empresa perteneciente a este cártel— en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que hasta el momento dejó un saldo de 32 personas fallecidas, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca regular el transporte de hidrocarburos —especialmente en el grupo mencionado— a través de un decreto publicado el pasado 2 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
No obstante, dicha medida ya despierta dudas sobre su viabilidad económica y verdadero alcance.
El cartel del gas LP en la Ciudad de México
Central de Fugas A.C. se fundó hace cuatro décadas con el propósito de “brindar asistencia a los usuarios” del gas LP. Pero lejos de su propósito inicial, sus oficinas ubicadas en Azcapotzalco, Ciudad de México, han servido a los principales actores del sector como una especie de cónclave para deliberar las condiciones del mercado en la capital del país y su zona metropolitana.
La Cofece según el expediente DE-022-2017, reveló que existen siete grandes grupos que deciden las condiciones del negocio en la zona. Se trata de las empresas: Tomza, Uribe, Global Gas, Soni, Simsa, Gas Metropolitano y Gas Express Nieto. Las cuales, para simular “competencia”, a decir de la propia institución, emplearon al menos 49 razones sociales mediante las cuales distribuyen el gas en pipas y tanques.
No obstante, a través de esas 49 empresas, los siete actores antes mencionados, trabajan de manera coordinada y bajo un mismo acuerdo: no invadir clientes ajenos, respetar los precios fijados y obedecer las órdenes del grupo. Todo queda en casa y con los de casa.
Según la Cofece, al menos entre 2009 y 2019, la red tenía su propio reglamento y sistema de vigilancia. Quien rompía los acuerdos enfrentaba sanciones; quien cumplía, mantenía su zona. Estas prácticas anticompetitivas —según el extinto órgano regulador— generaron un daño estimado en 12,566 millones de pesos (mdp) a los consumidores de la Zona Metropolitana del Valle de México. La colusión, sin embargo, no detuvo el negocio.
Sancionados… pero contratados
A sabiendas de su historial, varias de estas empresas continúan abasteciendo al gobierno de México.
Por ejemplo: en abril de este año, el ISSSTE convocó una licitación para proveer gas LP a sus unidades médicas. Solo participaron dos compañías: G. G. Gas S.A. de C.V., del Grupo Global Gas, y Gas Licuado de México S.A. de C.V., del Grupo Uribe. La segunda fue descalificada “por no cumplir técnicamente”, y el contrato terminó en manos de G. G. Gas por 109.2 mdp, IVA incluido.
Pero no fue un caso aislado. En la Plataforma Nacional de Transparencia aparecen al menos una docena de adjudicaciones directas e invitaciones a empresas del mismo conglomerado, con montos que van desde 173,000 pesos hasta más de 2 mdp para el suministro de combustible en hospitales y oficinas públicas de distintos estados.
Un caso similar es el de Grupo Tomza —presunto responsable por el accidente que cobró la vida de decenas de personas en el Puente de La Concordia y con presencia identificada en zonas de robo de gas— que ha recibido contratos. En un proceso de invitación, se decidió que el IMSS Bienestar comprará más de 6.2 mdp del hidrocarburo a Hidro Gas de Agua Prieta, una de las nueve filiales de dicha compañía.
El patrón se repite: compañías sancionadas por manipular precios que, aun así, siguen vendiendo al Estado. En un mercado donde la simulación fue norma, la competencia apenas cambia de membrete.
Las adjudicaciones directas
El esquema vuelve a funcionar en otras dependencias. Por ejemplo: el Centro Nacional de Metrología (Cenam) otorgó una adjudicación directa a Sonigas S.A. de C.V., por hasta 22.4 millones de pesos, IVA incluido, para el suministro de gas LP y la instalación en comodato de tanques de almacenamiento.
La asignación se realizó sin competencia abierta y en favor de una empresa vinculada con el grupo que, según la Cofece, participó en la simulación de competencia en el mercado. Para otorgarlo, se apeló a la “experiencia positiva” con el proveedor ya que hubo dos licitaciones previas que se declararon desiertas.
Estos casos muestran que, pese a los hallazgos y sanciones, las mismas compañías continúan firmando contratos con el Estado y concentrando la mayor parte del negocio energético más cotidiano del país.
Regulación a destiempo en el gas LP
El 2 de octubre, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, se publicaron nuevas disposiciones para el transporte de hidrocarburos, incluyendo el gas LP. En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se estableció un marco cuya finalidad declarada es “garantizar la seguridad y competencia en el mercado”.
Pero esta intervención llega tras décadas de alerta y omisiones: la magnitud de los accidentes vinculados al gas LP ya no puede ignorarse.
Entre enero de 2003 y mayo de 2021, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) registró 1,354 accidentes relacionados con gas LP —incluyendo industria, urbano, ductos y autotransporte—, siendo la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Puebla los estados más afectados.
El 79.7 % de esos siniestros correspondieron a ámbito urbano, el 11.5 % al transporte, y el 34.3 % fueron fugas; 31.2 % explosiones; 22.7 % incendios.
La tragedia del 10 de septiembre de 2025 en la alcaldía Iztapalapa de Ciudad de México lo demostró con claridad, a pesar de décadas de alertas en el sector: una pipa que transportaba cerca de 49,500 litros de gas LP, propiedad de Grupo Tomza, volcó, explotó y dejó —hasta el momento— 32 personas y decenas de heridos graves.
Una vez más, un accidente mayor puso en evidencia al sistema regulatorio y forzó al gobierno a anunciar “medidas más estrictas”: límites de velocidad para unidades de sustancias peligrosas, rutas prohibidas, licencias especiales, monitoreo reforzado.
Un negocio sin apertura
El gas LP es un servicio esencial para millones de familias, pero su precio y distribución permanecen bajo control de las mismas manos. Las sanciones de la Cofece y las nuevas regulaciones no lograron desmantelar el cartel energético más persistente del país, y por el contrario, ahora solo se busca que su lucrativo negocio solo sea “más seguro”.
Mientras los siete grupos dominantes del gas LP siguen operando con contratos públicos, el Estado y el consumidor pagan no sólo en precio, sino en posibles riesgos.
Por si fuera poco, los organismos que deberían regular al sector desaparecieron y dejaron de trabajar con autonomía: la Cofece y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pasarán a manos del ejecutivo federal, en un proceso marcado de dudas sobre su futura imparcialidad.
El futuro del sector se antoja ominoso: la regulación que hoy –tras un episodio trágico– actúa como parche tardío ante un sistema que permitió que un combustible esencial se distribuyera bajo condiciones de concentración, poco control y múltiples fallas de seguridad.
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