SAT revive ‘intimidación fiscal’ con prisión preventiva a factureros
En las últimas semanas empezó a tomar forma la nueva estructura legal y fiscal en México, y una de las acciones recientes fue la propuesta de la prisión preventiva oficiosa a factureros, una idea que surgió al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que ahora revivió en medio de la búsqueda de fortalecer la captación de ingresos y del escándalo del huachicol fiscal.
Para 2026, el gobierno federal busca hacer una serie de modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF) para endurecer las sanciones contra los factureros, una medida que, de momento solo sería ‘intimidación fiscal’ para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales.
La lectura en primera instancia se circunscribe en un tema de intimidación fiscal. No es terrorismo fiscal. Es una serie de reformas que buscan intimidar a los contribuyentes, pero no vamos a saber si sirve hasta que no veamos a los grandes factureros tras las rejas con la prisión preventiva oficiosa
dijo a EL CEO Juvenal Lobato Díaz, abogado fiscalista.
Desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordaron que el año pasado hubo una reforma constitucional sobre el artículo 19, en el que la venta de facturas falsas fue tipificado como un delito que implica una afectación grave al fisco federal; sin embargo, las autoridades ahora deben llevar ese artículo al CFF.
“Las empresas deben comprobar que el domicilio es realmente el que están registrando y no de un socio o accionista, que puede ser testaferro y puede simular las operaciones para no pagar los impuestos”, dijo el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, en la conferencia matutina del pasado 9 de octibre.
Toma forma el ‘rompecabezas’
Las acciones del SAT se suman a otra serie de cambios, como la nueva conformación del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Amparo, que en conjunto podrían derivar en más acciones en contra de contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones ante el fisco.
En el proceso de acusación las investigaciones las inicia el SAT, posteriormente se arma el caso y la investigación, y se presenta ante la Fiscalía General de la República, que es la que tiene que ir con un juez federal, que lo analiza y decidirá si amerita o no órdenes de aprehensión.
Vamos a ver la actuación de un juez penal una vez que le presenten un caso, si decide o no girar las órdenes de aprehensión; consecuentemente ver si logran la captura y posteriormente la prisión preventiva
añadió Lobato Díaz.
Un ejemplo de la Ley de Amparo: si alguien impugna un bloqueo de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es probable que ni siquiera obtenga la suspensión provisional, que normalmente se concede al inicio del trámite, explicó el abogado.
El esquema de los factureros
Para hacer frente a estos cambios, el SAT ya no entrega el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la firma electrónica el mismo día. Antes, al recibir ambos de inmediato, las empresas podían comenzar a facturar, y tiempo después se detectaba que no existían en el domicilio registrado.
Ahora, la persona física recibe primero su comprobante y el RFC, pero con ese RFC no puede facturar. Solo después de presentar un comprobante de domicilio a nombre de la empresa y de que el SAT verifique su existencia real, se le otorgará la firma electrónica, explicó el jefe del SAT.
Martínez Dagnino destacó que esta medida es importante para evitar la proliferación de factureras y que existen dos estrategias contra quienes las venden y quienes las compran.
Las empresas venden servicios inexistentes; y quienes los adquieren pueden declarar 10 pesos de ingreso y 10 pesos de gasto para no pagar impuestos, o incluso declarar 10 pesos de ingreso y 12 de gasto, generando una pérdida fiscal
dijo Martínez Dagnino.
Se espera que en las próximas semanas avance la discusión sobre estos temas y otros relacionados con las reformas, de cara a la aprobación del Paquete Económico 2026.
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