Beneficios y perjuicios de la Ley de Competencia Económica: ¿Google gana?
La reciente aprobación de la reforma a la Ley de Competencia Económica, que contempla la eventual desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ha generado un clima de incertidumbre. Mientras las investigaciones en curso son suspendidas durante el proceso de transición, la ambigüedad y duplicidad en la redacción de la ley complicarían su aplicación futura.
Dicho escenario –además– podría beneficiar a los jugadores dominantes del mercado y, en consecuencia, perjudicar directamente al consumidor.
Según los últimos datos publicados por la Cofece, ésta mantiene 25 investigaciones activas y analiza 150 fusiones que representan cerca del 10% del PIB nacional. A esto se suman cuatro nuevas indagatorias en sectores clave como aditivos para la construcción, cal, plataformas inmobiliarias y seguros.
La premura por desahogar los casos, podría haber desembocado en el reciente cierre del procedimiento contra Google por presuntas prácticas monopólicas relativas en publicidad digital.
La reforma señala que se suspenden todos los procesos de investigación hasta que entre en funciones el Pleno de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio (…) tiene que empezar la designación de los nuevos comisionados y es a partir de ahí que comienza la era de la nueva Comisión,
explica Arturo Boisseauneau Pastor, catedrático de la Escuela Libre de Derecho.
Duplicidad de funciones entre organismos
Por su parte, Samuel Bautista Mora, coordinador de análisis en The Competitive Intelligence Unit (The CIU), señala que uno de los principales riesgos en la ley, es la duplicidad y el conflicto de atribuciones entre la Ley de Competencia y la Ley de Telecomunicaciones.
Un ejemplo son las disposiciones sobre desagregación de la red local, que se encuentran en el artículo 12, a partir de la fracción 30, en las modificaciones a la Ley de Competencia. Mientras la duplicidad puede observarse en la Ley de Telecomunicaciones, concretamente en el artículo 10, fracción 24, que contiene disposiciones similares.
Lo ideal habría sido revisar ambas de forma conjunta desde el inicio para evitar redundancias,
señala.
Sin embargo, ahora las opciones son corregir mediante nuevas reformas o dejar que el Poder Judicial resuelva los conflictos. El especialista prevé que eventualmente será necesario ajustar las leyes secundarias para clarificar competencias. Mientras tanto, esto generaría un cuello de botella en la resolución de controversias.
Ley de competencia y Telecomunicaciones
La nueva Comisión Nacional Antimonopolio asumirá las funciones y competencias que anteriormente tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de competencia económica.
Samuel Bautista señala que la creación de la nueva Comisión implica una “doble ventanilla”, ya que ahora habrá otro organismo con el cual interactuar. Sin embargo, en el modelo anterior también existían conflictos de competencia.
Entre el IFT y la Cofece hubo varias disputas sobre quién iba a ser la autoridad de competencia en determinados mercados, y si no se ponían de acuerdo ambos organismos, tenían que ir con el Poder Judicial,
explica.
Por otro lado, a diferencia del IFT y de la Cofece, este nuevo organismo ya no será un ente constitucionalmente autónomo, sino un órgano descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Economía. Esta modificación implica una pérdida de independencia y una mayor concentración de poder en el gobierno federal.
Bautista explica que antes, la Cofece tenía la facultad de emitir opiniones sobre programas o políticas públicas del Ejecutivo, con el fin de evitar que fueran contrarias a la libre competencia. Esta facultad ya no se contempla para la nueva Comisión Nacional Antimonopolio.
La importancia de la especialización y el capital humano
Un órgano desconcentrado puede garantizar mejores condiciones de mercado, pero depende de que se cuiden los perfiles que lleguen (…) en ambos casos creo que tanto Cofece como IFT cumplieron su mandato,
destaca Arturo Boisseauneau.
En este sentido, es fundamental que se respete lo establecido en la reforma constitucional respecto a los derechos laborales de los servidores públicos. Preservar ese capital humano especializado es clave, dada la inversión estatal en su formación técnica.
Esta transición implicará costos que afectarán tanto al mercado como a la ciudadanía. Si bien, la reforma no introduce cambios profundos en la regulación de competencia económica. “Es un cambio orgánico pero de gran calado, y que sin duda va a tener impactos”, añade Boisseauneau.
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