A pocos días de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quede oficialmente extinto como lo marca la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), bajo la dirección de José Merino, podría implicar una concentración excesiva del poder en manos del Ejecutivo Federal, un modelo que algunos califican como autoritario.
Este organismo, al asumir las competencias de telecomunicaciones y radiodifusión, tendrá a su cargo la emisión de criterios técnicos, la coordinación del Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, entre otras funciones esenciales; facultades previamente delegadas a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el IFT.
El 24 de abril, las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen con el proyecto de decreto para expedir una nueva reforma en materia de telecomunicaciones, que daría más músculo a la ATDT.
Dicho proyecto fue enviado al Senado una noche anterior, y aprobado con 29 votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención.
Entre las medidas más polémicas están las restricciones explícitas para los concesionarios de radiodifusión, televisión y servicios de audio en el país. “No podrán transmitir propaganda política, ideológica comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural”, señala el decreto.
Esto también aplica para las plataformas digitales cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional. La reforma, además, contempla sanciones significativas, como multas de hasta el 5% de los ingresos para los medios nacionales que transmitan propaganda extranjera. Este intento de regulación ha saltado las alarmas.
José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones¿Una Ley Censura?
Las reacciones ante este proyecto de ley no se han hecho esperar, y uno de sus más grandes detractores ha sido Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, quien cuestionó la posibilidad de que, en tan solo 12 horas, los legisladores hayan leído y analizado la propuesta de 226 páginas y 283 artículos.
En sus declaraciones, Anaya enfatizó que todas las facultades que antes estaban en manos de diversas entidades del gobierno ahora se concentran en una sola persona, lo que, según él, es característico de “regímenes autoritarios”.
El senador también criticó la ambigüedad de algunos artículos, como el 192, que hace referencia al “uso correcto del lenguaje”, y el 109, que permite a las autoridades solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales. El senador advirtió que estos artículos son una forma de censura. “Esto no es una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión: Esto es la Ley Censura”, subrayó.
Morena va por el control total de internet, redes sociales, radio y TV. Publicaron el dictamen de la #LeyCensura anoche a las 10:00 pm. La comisión fue hoy a las 10 am: 226 páginas que ni siquiera leyeron.
Esto no es un hecho aislado. Es parte de un plan de censura y control.… pic.twitter.com/anSYtbcngK— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) April 24, 2025
A la discusión, se sumaron organismos internacionales como la ONU, que hizo un llamado al Senado para “garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas”.
¿Qué dice Sheinbaum sobre ley en telecomunicaciones?
En respuesta a las críticas, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, prometió que se corregiría la iniciativa, particularmente el artículo sobre el bloqueo temporal de plataformas, aclarando que nunca fue la intención censurar. A su vez, el Senado decidió retrasar la votación del dictamen para abrir un espacio de consulta con expertos, representantes del sector y el propio gobierno.
Sin embargo, el debate ha trascendido más allá del ámbito político, con voces de la industria mediática preocupadas por los efectos de esta ley. La Alianza de Medios MX, por ejemplo, expresó su preocupación en un escenario donde el nuevo regulador (la ‘superagencia’ de José Merino) quedará bajo control del Ejecutivo Federal.
Según esta organización, la falta de contrapesos institucionales podría dar lugar a decisiones arbitrarias que afecten la pluralidad de las voces, la competencia justa y, finalmente, la libertad editorial. “Advertimos los riesgos que representa la desaparición de un órgano autónomo como el IFT”, señalaron en su comunicado, haciendo un llamado a que la industria de los medios sea reconocida como actor clave en este proceso legislativo.
Otra voz que se sumó a la discusión, fue el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, quien se manifestó en contra de la #LeyCensura, y recordó las promesas de Sheinbaum de no censurar los medios, particularmente a las plataformas digitales.
Estas disposiciones han abierto el diálogo sobre hasta qué punto se está abriendo la puerta a la censura, así como la posibilidad de bloquear plataformas, revocar licencias o cancelar servicios, todo ello sin un proceso claro y cuando todo depende de decisiones discrecionales y ambiguas concentradas en un solo organismo regulador.
Impacto en el T-MEC
El impacto de la ley también ha generado críticas desde el ámbito económico, en momentos en que la relación entre México y Estados Unidos pende de un hilo por la política arancelaria del presidente Donald Trump, y previo a la ratificación del T-MEC en 2026.
La International Chamber of Commerce México (ICC México) ha manifestado su preocupación y lanzó un llamado al Congreso de la Unión ante la necesidad de un proceso legislativo transparente y técnico que garantice la independencia de los órganos reguladores, fomente la competencia justa y “respete los compromisos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”.
En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió en comunicado que la presente ley: “Vulnera el artículo 18.18 del T-MEC, relativo a las Empresas Propiedad del Estado, y genera un entorno desigual que atenta contra la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico del país”.
👀📡 La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión eliminaría la autonomía regulatoria y pondría en riesgo la libertad de expresión.
🔵 Desde Coparmex valoramos que se haya pospuesto la aprobación de esta reforma y exhortamos al Congreso de la Unión a revisar con… pic.twitter.com/GnhAowht4A
— Coparmex Nacional (@Coparmex) April 25, 2025
La confederación advirtió que “la ambigüedad en la definición de plataformas digitales propuesta en el artículo 3 amplía excesivamente las competencias regulatorias de la Agencia y contradice el principio de neutralidad tecnológica. Esta redacción imprecisa permitiría regular servicios de internet que no forman parte de las telecomunicaciones tradicionales, generando fragmentación normativa y posibles violaciones a los artículos 15.3 y 19.4 del T-MEC”.
Piden independencia regulatoria
Por otra parte, la ICC “la independencia regulatoria es un pilar esencial para prevenir prácticas anticompetitivas y fomentar un entorno equitativo para todos los actores del sector”.
En algunas entrevistas con medios, —una de ellas realizada por Mario Maldonado, director editorial de EL CEO—, Miguel Calderón Lelo de Larrea, presidente de la Comisión de Economía Digital de la ICC México, habló sobre lo riesgoso que es “salir a las carreras, sin una discusión de las partes involucradas (…) nadie está en contra pero hay qué escuchar todas las voces”, entre ellas la opinión pública.
El tema de la neutralidad competitiva también fue un punto de crítica. Calderón explicó que la iniciativa podría generar un entorno de competencia desleal, en el que los operadores públicos no estén sujetos a las mismas obligaciones que los operadores privados, lo que afectaría la equidad en el sector.
Un debate nacional
El sector de telecomunicaciones es clave para la economía mexicana, representando el 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y generando más de 265,000 empleos directos. Esta relevancia económica pone de relieve la importancia de encontrar un equilibrio en las reformas legislativas, que no solo busquen regular, sino también fomentar el crecimiento económico, la competitividad y la inclusión digital en México.
Pese a que la ATDT fue creada en noviembre del año pasado, el detonante para esta iniciativa fue un controversial spot televisivo difundido hace un par de semanas, protagonizado por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que advierte sobre la migración ilegal y sus consecuencias, misma que ha sido catalogada de discriminatoria, y que dio pie para la adición de los artículos 185, 201 y 210 donde quedan prohibidas este tipo de prácticas.
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