La publicación de las leyes secundarias de la reforma energética podrían generar condiciones para la entrada de inversión en el sector eléctrico, dejando atrás la parálisis que el sector vivió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con un reporte de Moody’s Local.
El análisis divulgado un día después de la publicación de la nueva legislación energética en el Diario Oficial de la Federación, destaca que el nuevo marco legal presenta esquemas de inversión más claros para los participantes privados del sector, con lo que se mitiga la incertidumbre jurídica que frenó la entrada de capital.
Además, promueve la eficiencia administrativa a través de una ventanilla única y facilita la transición hacia energías limpias, lo que podría generar oportunidades de inversión en proyectos renovables
señaló la firma.
La reestructura organizacional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría generar economías de escala y eficiencias en gastos, así como sinergias operativas, gracias a la planeación centralizada y la posibilidad de compartir recursos materiales y humanos.
Las empresas productivas subsidiarias de la CFE se extinguirán y sus funciones serán absorbidas a nivel de la controladora. Previo a la reforma, había seis subsidiarias de generación, una de transmisión, una de distribución, una de suministro básico y una de telecomunicaciones e internet para todos, cada una de las cuales operaba de manera totalmente independiente, con su propio consejo de administración, presupuesto, activos y personal
recordó Moody’s Local.
Los riesgos para el sector eléctrico
Fotoarte: Mariana Flores.Sin embargo, la calificadora también advirtió sobre los riesgos que conlleva la reforma.
Por ejemplo, al cambiar el estatus jurídico de la CFE a una Empresa Pública del Estado, ya no estará sujeta al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que implica que no podrá compensar las pérdidas fiscales de años anteriores, que al cuarto trimestre de 2024 representaban activos por impuestos diferidos por 126,405 millones de pesos.
Además, a pesar de que el proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo pone énfasis en que los objetivos de la CFE son proporcionar electricidad a la población al menor costo posible, sin fines de lucro, y preservar la seguridad del sector, “el cumplimiento de estos criterios sociales podría limitar su rentabilidad”.
Si bien la reforma introduce cambios relevantes en el marco institucional y jurídico, algunos de estos ya habían sido implementados desde el sexenio anterior, cuando se estableció la prevalencia de la CFE en actividades de generación con una participación mínima del 54%.
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