México ha experimentado transformaciones por medio de reformas energéticas a lo largo de las últimas administraciones, con cada presidente dejando su marca en este sector clave.
La apertura al capital privado bajo el mandato de Enrique Peña Nieto (EPN) marcó un antes y un después, mientras que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) buscó revertir parte de ese proceso, reforzando el control estatal.
Ahora, con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo, se apunta a un nuevo rediseño del panorama energético.
EL CEO realizó un análisis de las reformas energéticas impulsadas bajo cada gobierno y cómo estas redefinieron la estructura del sector energético en México:
La reforma energética de Enrique Peña Nieto: apertura al capital privado
En 2013, el expresidente Enrique Peña Nieto promovió la que sería una de las reformas más ambiciosas de su sexenio, según calificadoras como Fitch Ratings, orientada a modernizar el sector energético.
El proyecto, que fue aprobado por el Congreso, no solo pretendía modernizar la industria petrolera, sino también revitalizar al sector energético en su conjunto, buscando una mayor participación privada sin perder el control estatal sobre los recursos naturales. Entre los artículos con modificaciones clave estaban:
Artículo 27: Propiedad de la nación sobre hidrocarburos. Este artículo reiteraba que “la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos es inalienable e imprescriptible”.
Planteaba que el Estado sigue siendo el único con derecho sobre el petróleo y gas natural en el subsuelo. Sin embargo, la reforma abrió la puerta a contratos con particulares, permitiendo su participación en actividades como el transporte, almacenamiento y distribución de estos recursos.
Esta apertura fue vista como un paso clave hacia la modernización del sector, permitiendo que empresas privadas complementen las capacidades de Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque sin poder explotar directamente el recurso.
Artículo 28: Monopolio estatal en exploración y extracción
El artículo 28 señala que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos son exclusivas del Estado. A pesar de la participación privada en otros aspectos, estas actividades estratégicas permanecen bajo control estatal.
Al mismo tiempo, se elimina la distinción de la petroquímica básica como actividad estratégica, lo que facilita la participación del sector privado en su desarrollo, buscando aumentar la oferta de petroquímicos y mejorar la competitividad de México en este campo.
En el sector eléctrico, se establece que la planificación, control, transmisión y distribución de energía eléctrica también son exclusivas del Estado, reafirmando su papel en estas áreas clave.
Sin embargo, se permite la celebración de contratos con particulares para que financien, operen y amplíen la infraestructura eléctrica bajo la supervisión del Estado.
Este cambio pretendía incentivar la inversión privada en infraestructura eléctrica, mejorando la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de energía, y sustituir tecnologías contaminantes por fuentes limpias.
Un aspecto crucial de la reforma fue el fortalecimiento de los órganos reguladores. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) adquirieron mayor autonomía técnica, financiera y de gestión.
Estos órganos, ahora bajo el esquema de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, serían los responsables de supervisar y regular el mercado energético, asegurando que las nuevas condiciones beneficien tanto al Estado como a los consumidores.
La CRE, por ejemplo, se encargaría de regular el sector eléctrico y de gas, mientras que la CNH supervisaría la exploración y extracción de hidrocarburos.
La reforma incluyó un enfoque en el impacto social de los proyectos energéticos. En sí la Secretaría de Energía quedó obligada a realizar estudios de impacto social antes de la asignación de contratos o licitaciones.
Además, se estableció “la obligación de consultas previas e informadas a comunidades indígenas”, asegurando que las poblaciones vulnerables fueran consideradas en la implementación de proyectos de exploración y extracción.
Expectativas de crecimiento y empleo con EPN
Entre los objetivos más ambiciosos de la reforma, destacaba la creación de 1.5 millones de empleos en el sexenio de Peña Nieto y 2.5 millones adicionales para 2025.
Se proyectaba también un incremento en la producción petrolera, que debería pasar de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones para 2018, y 3.5 millones para 2025.
Este crecimiento no solo fortalecería la economía nacional, sino que impulsaría la industria petroquímica y la generación de electricidad mediante tecnologías limpias.
El sexenio de AMLO: Un análisis del legado energético en gas, petróleo, electricidad y renovables
Andrés Manuel López Obrador: El regreso al control estatal (2021)
Con la llegada de AMLO en 2018, la política energética de México dio un giro a lo presentado por EPN.Con la implementación del discurso de soberanía energética, pero sin la presencia de una reforma se cerró el mercado y se redujo la participación del sector privado.
Fue hasta 2021 que se presentó el proyecto de reforma, que no fue aprobada ya que no se contaba con una mayoría calificada y la alianza Va por México la frenó. Esta buscaba en primer lugar las modificaciones al Artículo 25 Constitucional.
Se pretendía la eliminación del concepto de “empresas productivas del Estado” en el párrafo quinto del artículo 25 y únicamente regresarles su carácter público.
Adicionalmente, se buscaba añadir un nuevo párrafo séptimo que coloca al Estado como el garante de la seguridad y autosuficiencia energéticas, asegurando un suministro continuo de energía eléctrica para toda la población.
“Este suministro se concibe como una condición necesaria para la seguridad nacional y el derecho humano a una vida digna”.
También se proponían cambios en el artículo 27 Constitucional, que otorgaba facultades al gobierno federal para declarar ciertas áreas como “reservas nacionales”, también sufrió modificaciones.
En este caso, se incorporó al litio y otros minerales estratégicos necesarios para la Transición Energética como bienes cuyo dominio es inalienable e imprescriptible para la Nación, lo que significa que no podrán ser concesionados a particulares.
Además, se estableció que la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de electricidad es un área estratégica que corresponde exclusivamente a la Nación.
Se añadió también un nuevo párrafo que refuerza la necesidad de una Transición Energética hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, con un enfoque en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En este sentido, se promoverán políticas científicas, tecnológicas e industriales que contribuyan a este objetivo, siendo financiadas y promovidas a través de la demanda interna.
Para reformas al artículo 28 Constitucional
En el artículo 28, la reforma reintegra la electricidad como un área estratégica del Estado, bajo una concepción de unidad que incluye la generación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica.
Este cambio vuelve a colocar a la CFE como el organismo rector de este sector, garantizando que al menos el 54% de la electricidad sea generada por el Estado.
Se elimina el párrafo que reconocía a los órganos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Esto supone una eliminación formal de la autonomía de estos órganos y un mayor control centralizado en la CFE y en el gobierno federal.
La CFE también es nombrada como la entidad responsable de la ejecución de la Transición Energética, asegurando que las actividades relacionadas con esta se lleven a cabo bajo su supervisión.
Claudia Sheinbaum y las reformas energéticas de AMLO: (2024)
Para 2024, AMLO presentó un paquete de 18 reformas , entre ellas destacó la energética que buscaban implementar el proyecto pendiente de 2021. Después de las elección de junio de ese año, ya con una mayoría calificada del partido del que provino AMLO, la aprobación del proyecto fue inminente.
Sin embargo, previo a la discusión, la presidenta Claudia Sheinbaum generó un cambio significativo: eliminó al Estado como conductor de la transición energética.
De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estos son los otros cuatro cambios que se efectuaron:
1. Eliminación de la figura de “Empresa Productiva del Estado” y su sustitución por “Empresa Pública del Estado” (Artículo 25).
La iniciativa plantea la eliminación del concepto de “empresa productiva del Estado”, introducido en la reforma de 2013, para referirse a entidades como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En su lugar, se introduce el término “empresa pública del Estado”.
De acuerdo con analistas, esto tiene implicaciones profundas, ya que las empresas productivas del Estado actualmente están sujetas a un régimen de “mejores prácticas” corporativas, que incluyen la autonomía presupuestal y un gobierno corporativo más transparente.
El cambio propuesto podría suponer un retroceso en estas prácticas, lo que afectaría el funcionamiento de entidades clave como la CFE y Pemex. Además, la nueva propuesta no detalla cómo será regulada esta “empresa pública del Estado”, generando incertidumbre sobre su funcionamiento y su capacidad para competir en mercados de valores internacionales, donde actualmente operan estas empresas.
2. Restricción de la participación privada en la transmisión y distribución de electricidad (Artículo 27).
La reforma a dicho artículo tiene como objetivo fortalecer el control del Estado sobre el sistema eléctrico nacional, eliminando la posibilidad de que empresas privadas participen mediante contratos en la transmisión y distribución de electricidad. Aunque se mantiene la posibilidad de participación privada en otras áreas de la industria eléctrica, se establecen limitaciones más estrictas para evitar que las empresas privadas “prevalezcan” sobre las entidades estatales.
Este enfoque busca reforzar la preeminencia del Estado en sectores estratégicos, pero genera interrogantes sobre los límites y la interpretación de lo que significa “prevalecer” en este contexto. Actualmente, la libre competencia permite a las empresas privadas participar en la generación y comercialización de electricidad, pero con esta reforma, se podría crear un ambiente menos competitivo, donde la CFE tendría una ventaja considerable.
3. Creación de una nueva empresa pública estatal para la planeación y control del sistema eléctrico (Artículo 28).
Bajo este artículo, se propone que la planeación y control del sistema eléctrico, que actualmente está dividido entre el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Secretaría de Energía (Sener), sea centralizado bajo una nueva “empresa pública del Estado”.
Esta empresa tendría el control operativo del sistema eléctrico y la responsabilidad de proveer electricidad al menor costo posible, garantizando la soberanía energética y evitando el lucro.
Este cambio genera preocupación por los posibles conflictos de interés que podrían surgir, ya que la nueva empresa estatal no solo controlaría el sistema, sino que también competiría en el mercado eléctrico mayorista. Además, se crearían tensiones en cuanto a la gestión de la política energética, ya que una sola entidad estatal asumiría funciones que anteriormente estaban divididas para garantizar un equilibrio.
4. Impacto en la regulación existente
A diferencia de la fallida reforma energética de 2021, la propuesta de este año no deroga explícitamente muchas de las disposiciones de la reforma de 2013. Sin embargo, al introducir nuevos conceptos y eliminar otros, como el de “empresa productiva del Estado”, la reforma podría dejar sin fundamento constitucional varias normativas clave, como el acceso abierto a las redes eléctricas o el mercado eléctrico mayorista.
Esto podría generar inseguridad jurídica y afectaría la competencia en el sector.
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