El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) proyectó que el presupuesto de la Pensión para el Bienestar de Adultas Mayores, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sería de 22,100 millones de pesos en 2025.

Sin embargo, el monto presupuestal incrementará a 69,500 millones de pesos en 2030 ya que se extenderá la cobertura de manera universal para las mujeres de 60 a 64 años.

El gobierno de la presidenta ha informado que la entrega de la pensión será paulatina. El siguiente año sólo se otorgará a las mujeres de 63 y 64 años, mientras que a las edades restantes será en 2026.

No obstante, en los municipios con mayoría de población indígena o afromexicana todas las mujeres desde los 60 años recibirán la nueva pensión desde 2025.

Dicho lo anterior, en 2025, el programa beneficiará a 1.2 millones de mujeres y a 3.3 millones de mujeres para el final del sexenio, de acuerdo con estimaciones del IMCO con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2020 y del Consejo Nacional de Población 2025-2030.

Este programa brindará un apoyo para las mujeres que enfrentan mayor vulnerabilidad económica en la vejez, derivada de las condiciones laborales y las cargas de cuidado no remunerado a lo largo de su vida productiva,

informó el IMCO.

Explica que las pensiones a dicho grupo de mujeres buscan reducir la pobreza en la tercera edad con perspectiva de género, promoviendo igualdad y seguridad financiera en su retiro. 

Plan de Claudia Sheinbaum es paliativo

Sin embargo, el IMCO refiere que el programa propuesto por Claudia Sheinbaum es una solución paliativa para mejorar la calidad de vida de las mujeres mayores.

La organización de la sociedad civil propone al gobierno impulsar la participación económica de las mujeres y mejorar sus condiciones en el trabajo desde que ingresan al mercado laboral.  

“Aumentar la participación económica de las mujeres y promover sus trayectorias profesionales podría financiar de forma sostenible las pensiones contributivas”, refieren en su análisis.  

También propone promover la responsabilidad presupuestaria en ausencia de una reforma fiscal profunda. 

En un contexto donde la población mexicana continúa envejeciendo y se buscan elevar a rango constitucional los programas sociales, este programa no debe dejar de lado la viabilidad y sostenibilidad fiscal en el largo plazo.

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