El presidente Andrés Manuel López Obrador estableció una pensión vitalicia para las madres y los padres de los menores fallecidos, así como los que resultaron lesionados de forma permanente en el incendio de la Guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 2009.
Se estableció la Medida equivalente a la Pensión Garantizada, prevista en el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, para las madres y padres de los niños y niñas que fallecieron, así como de los lesionados de forma permanente y de aquellos que inhalaron humo o tóxicos en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, Sociedad Civil, siempre y cuando no contaran con una pensión de invalidez dictaminada por el Instituto Mexicano del Seguro Social
señala el decreto publicado el sábado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El decreto entró en vigor tras su publicación en el DOF, sin embargo, la pensión comenzará a pagarse a partir de enero de 2025, por lo que deberá ser considerada en la asignación del presupuesto para el siguiente año.
A partir del ejercicio 2025 en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, se deben considerar los recursos para cumplir con lo establecido en el presente Decreto
señala el decreto.
Con el propósito de dar certeza jurídica a los grupos de familias afectadas por el incidente, el decreto también instruyó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) integrar en un solo acuerdo, las medidas y los apoyos vitalicios que se otorgarán.
Los menores que resultaron afectados por quemaduras o inhalación de humos tóxicos ya reciben una pensión vitalicia desde que en julio de 2010 se publicó en el DOF, el decreto por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio, mismo que fue modificado en 2020.
¿Qué pasó con la Guardería ABC?
El 5 de junio de 2009, el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, causó el fallecimiento de 49 menores y 104 más resultaron lesionados o expuestos a la inhalación de gases tóxicos.
Las investigaciones posteriores determinaron que la guardería no cubría con requisitos mínimos de seguridad, entre estos, la presencia de detectores de humo, la señalización de las rutas de evacuación, existencia de extintores y salidas de emergencia suficientes.
Dichas indagatorias también señalaron que, de haber cumplido con la normatividad y con los requisitos de seguridad, los daños provocados por el incendio hubiera sido mucho menores o no hubieran ocurrido.
El Centro Prodh recuerda que diversas personas responsables, incluyendo altos funcionarios estatales y federales, no fueron debidamente investigadas y no han rendido cuentas ante la justicia.
Esta tragedia no fue un suceso imprevisible, sino que fue el resultado de una política de subrogación de estancias infantiles que, en lugar de garantizar condiciones de seguridad para los niños y las niñas, buscaba reducir gastos de operación, generando a la vez ganancias para los dueños de las estancias
dice la asociación civil sin fines de lucro.
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