La llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia ha renovado las esperanzas entre los constructores del país, especialmente entre los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que el predominio del ejército en las obras públicas disminuya de manera significativa. No obstante, todo es un espejismo, se quedarán con las manos vacías.
Los constructores privados seguirán enfrentando el mismo escenario que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con las Fuerzas Armadas manteniendo su rol central en los proyectos de infraestructura.
Círculos cercanos al “segundo piso de la Cuarta Transformación” confirman que Jesús Antonio Esteva Medina, próximo secretario de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes, lo sabe bien.
El nombramiento de Esteva, lejos de representar un cambio de dirección, podría interpretarse como una pieza más en el engranaje que sigue consolidando a los militares como los actores principales en la construcción de los grandes proyectos nacionales.
Incluso, entre los constructores más cercanos a Esteva, se comenta que no hay indicios de que Sheinbaum tenga la intención de revertir esta tendencia, especialmente cuando el ejército ha demostrado ser un aliado leal y eficiente en la ejecución de las obras prioritarias del gobierno.
El sexenio de López Obrador estuvo marcado por la entrega de megaproyectos al ejército, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya. Más que decisiones enfocadas en seguridad o eficiencia, estos proyectos simbolizan la centralización del poder y el desplazamiento del sector privado.
Así, los constructores privados deberán prepararse para continuar observando desde la barrera, mientras el ejército sigue acumulando más poder e influencia en este sector.
El impago de la luz y el agua, los retos de Claudia Sheinbaum
En México se ha normalizado el no pago de servicios esenciales como la electricidad y el agua; sin embargo, con la llegada de la nueva administración federal, este asunto podría tomar una relevancia inédita.
Las autoridades preparan un paquete de acciones que tiene como objetivo enfrentar este problema de manera contundente, particularmente en lo que respecta a los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Es un secreto a voces que ciertos sectores de la población, especialmente en estados como Tabasco, han evitado el pago del servicio eléctrico bajo el amparo de la llamada “resistencia civil”.
Se espera que las nuevas políticas vayan dirigidas no solo a recuperar los adeudos de quienes se han resistido a pagar, sino también a establecer sanciones más severas.
Pero la electricidad no es el único campo en el que veremos cambios. El agua, otro recurso vital, también se convertirá en un foco de atención.
El impago por el uso del agua y las irregularidades en las concesiones serán puestos bajo la lupa, y es probable que veamos una purga en cuanto a la regularización de los permisos de explotación y uso de este recurso.
Aquí es donde el tema cobra una dimensión aún más delicada: las concesiones otorgadas en el pasado a grandes empresas y personajes influyentes comenzarán a figurar en los titulares.
No sería sorprendente que en los próximos meses aparezcan nombres de empresas poderosas y figuras públicas que se han beneficiado de concesiones de agua sin cumplir con sus responsabilidades financieras.
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