En un contexto marcado por tensiones legales y desafíos económicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó dos reformas significativas destinadas a transformar el panorama energético de México.
Se trata del punto siete de las 20 reformas propuestas. Ésta busca prohibir el fracking a nivel nacional.
“Se considera necesaria la modificación constitucional del párrafo séptimo del artículo 27 constitucional para prohibir el otorgamiento de contratos o cualquier medida administrativa que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través del fracking”, se lee en la iniciativa.
Para el proyecto de AMLO, la tecnología de extracción se encuentra catalogada como una de las más dañinas al medio ambiente a nivel mundial, ya que tiene afectaciones inmediatas y a largo plazo, como la disminución de disponibilidad del agua en ecosistemas.
También la contaminación del suelo y de los acuíferos, la contaminación por radiactividad de aguas de retorno en procesos de extracción y del aire y contribución al cambio climático, la afectación a la infraestructura carretera y habitacional y la pérdida de la biodiversidad
De acuerdo con la Alianza Mexicana contra el Fracking, esta es una técnica que parte de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo.
A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros.
Pese a que desde 2018, AMLO ha asegurado que no se seguirá con el fracking en el país, para este año en el Presupuesto de Egresos se asignaron 4,063 millones de pesos.
En 2020 la Comisión Nacional de Hidrocarburos reconoció la existencia de seis asignaciones petroleras con planes de fracking y la ejecución de 27 pozos.
La Alianza Mexicana contra el Fracking también informó que durante este sexenio, Pemex ha realizado fracking en el país, “ejerciendo el 55% de los recursos asignados a proyectos que requieren el uso de esta técnica”.
El punto quince de las 20 reformas de AMLO, propone un cambio constitucional para restablecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como una empresa pública estratégica.
Estos movimientos se desarrollan en medio de controversias. El pasado 31 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Antecedentes energéticos
La propuesta inicial de AMLO, presentada en 2021, generó debates intensos debido a las preocupaciones sobre el sesgo hacia la CFE en detrimento del sector privado. La intención era reformar la Constitución, fortaleciendo a Pemex y a la CFE mientras limitaba la participación del sector privado, instaurada durante la reforma energética de 2013.
La SCJN, al aprobar el primer amparo contra la reforma de 2021, declaró inconstitucional la medida por transgredir principios de competencia y libre concurrencia. Esta decisión impide no solo su aplicación para las seis compañías amparadas, sino para todos los participantes en el mercado energético.
Derivado de ello, el coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO, Oscar Ocampo, explicó que la votación representa un revés para el plan energético de López Obrador, brindando certeza jurídica y potencialmente atrayendo inversiones en un momento clave para el aumento de la capacidad energética y el impulso de las renovables.
Hogan Lovells, un despacho internacional de abogados, advierte que la aprobación sin cambios de la reforma podría tener impactos negativos considerables en el sector legal y empresarial.
La firma destaca la falta de revisión y su posible repercusión en la competitividad del sector energético y la percepción de seguridad jurídica para las inversiones, especialmente en estados afectados por problemas energéticos.
Sobre todo, se observa con preocupación la falta de consideración hacia las posibles repercusiones de la reforma en el ámbito energético, particularmente en estados del norte y la región del Bajío.
Estos territorios han estado implementando medidas para abordar los problemas energéticos, como los apagones, que afectan no solo la estabilidad de la red eléctrica, sino también la llegada de nuevas empresas.
Otras iniciativas del presidente
Dentro del conjunto de 20 reformas, hay puntos que abordan aspectos ambientales y de infraestructura.
El punto siete busca prohibir la concesión de actividades mineras a cielo abierto. Mientras que el punto ocho pretende generar esfuerzos por preservar zonas con escasez de agua y limitar las concesiones únicamente para uso doméstico.
Esta medida cobra especial relevancia en un contexto de sequías y resalta la iniciativa federal para evitar proyectos en áreas de estrés hídrico, como los estados del norte.
Por otro lado, el punto quince propone utilizar 18,000 kilómetros de vías concesionadas por Ernesto Zedillo para trenes de pasajeros.
Esta propuesta destaca en el marco del actual proyecto del Tren Maya, posicionándose como un punto de partida para impulsar la conectividad ferroviaria en el país.
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