El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expuso que la compra a Iberdrola de sus 13 plantas de generación de electricidad por parte de un fideicomiso ligado al gobierno de México tiene al menos tres implicaciones negativas, tanto en materia de política pública como de inversión en el país.
De acuerdo con un análisis del organismo empresarial, la adquisición de las plantas es una señal negativa hacia la inversión en el país, ya que es precedida por ataques verbales del propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la compañía española “sin ninguna prueba objetiva”.
En este sentido, la compra implica presiones fiscales a futuro y usa recursos que serían mejor utilizados para generar condiciones adecuadas a fin de aprovechar todo el potencial de la relocalización o nearshoring.
Por otra parte, el Consejo considera que si bien las generadoras son productivas y probablemente eficientes, su adquisición conlleva gastos de mantenimiento a futuro, que serán difíciles de solventar.
En este momento, sería importante que la política pública estuviese concentrada en crear todas las facilidades posibles a fin de sacar el mayor provecho de la relocalización o nearshoring
apuntó el CCE en su análisis.
Agregó que esto implica la inclusión de sectores y regiones que no han sido beneficiadas por el comercio exterior y la inversión que implica, por lo tanto se debe mejorar y ampliar la infraestructura pública y la logística para asegurar que la electricidad se transmita y distribuya suficientemente a lo largo de todo el país.
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Inversión en líneas de transmisión, insuficiente
El CCE también refirió que la inversión en líneas de transmisión y distribución, que es monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha sido insuficiente.
Dichas inversiones han estado significativamente por debajo de lo planeado en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) desde el 2019. Por ello, sería preferible destinar los recursos públicos a este fin en lugar de utilizarlos para adquisiciones que no contribuyen a lo prioritario en este momento para el país.
Aunque la compra de las plantas puede considerarse como inversión, no implica un aumento en la generación de electricidad y sí representa la necesidad de mayores recursos públicos para mantener su operación en el tiempo que podrían destinarse a la salud, educación y seguridad, explicó el Consejo.
