Aunque usted nunca haya tenido que enfrentarse al sistema que, en teoría, debe garantizar la procuración de justicia, déjeme decirle que esto es algo profundamente delicado ya que ahí recaen cuestiones tan delicadas como la seguridad jurídica de las personas como usted y como yo, tal y como lo estamos viendo con el caso de Viviana Salgado, quien el 12 de enero fue detenida por una partida de gaznápiros integrantes de la Guardia Nacional asignados por el Presidente de México a las instalaciones del Metro de la Ciudad de México para buscar, a toda costa, proteger a Claudia Sheinbaum por su desastrosa gestión como Jefa de Gobierno y enviada al penal femenil de Santa Martha Acatitla por el delito de “ataques a las vías de comunicación” cuando, por accidente, se le cayó, a las vías, una pieza que acababa de comprar para arreglar su lavadora.
La señora Salgado fue detenida por personal de la Guardia Nacional la cual, en vez de ser parte de un discurso propagandístico que busca reducir la complejidad del problema al que se enfrenta el gobierno de Sheinbaum, debería estar combatiendo a la delincuencia organizada que está en la superficie. Me gusta soñar con que esos elementos de la Guardia Nacional un día de estos saldrán por sorpresa de las estaciones Zócalo, Allende y Pino Suárez para ir tras los cárteles de Sinaloa, de Jalisco, de la Familia Michoacana, de Tláhuac, de la Unión Tepito y Anti Unión Tepito y que todas y todos también saldremos a la calle para aplaudirles.
Este caso representa una vergüenza absoluta para los agentes de la Guardia Nacional, para la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, para el Agente del Ministerio Público y para el juez que la vinculó a proceso, guardianes todos ellos de garantizar la dichosa procuración de justicia, y que retrata de cuerpo entero la corrupción de nuestros líderes políticos ya que, utilizando su posición de poder, manipulan al sistema para obtener un beneficio indebido, aunque en este caso no sea de carácter económico sino político. Sí, desde hace ya un rato estoy absolutamente convencido de que los gobiernos emanados de Morena pasarán a la historia como los más corruptos y las pruebas están ahí, tenemos frente a nosotros casos tan monumentales como el de Segalmex (que ya sobrepasó el fraude de la Estafa Maestra) o tan escalofríantemente cercano como el de la señora Salgado.
La procuración de justicia en México vive uno de sus momentos más bajos
La procuración de justicia en México vive uno de sus momentos más bajos no obstante que el movimiento político, que se vendió como la solución a la brutal corrupción y al baño de sangre que surgió en los sexenios pasados, optó por mandar al carajo al Estado de Derecho de una manera tan descarada que su credibilidad no podría estar más baja, o tal vez sí, y muestra de ello fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la filtración realizada por Darío Celis a lo que en verdad provocó la ausencia del Fiscal General Gertz Manero durante la Décima Cumbre de Líderes de América del Norte: por motivos de salud se tuvo que atender en un hospital de los Estados Unidos en vez de hacerlo en el ISSSTE.
El presidente negó rotundamente lo afirmado en esa columna en el sentido de que el Secretario de Gobernación hubiese asumido las funciones del Fiscal General pero nadie, o muy pocos, le creyeron. De hecho, me resulta imposible creer que el Presidente hubiese permitido que, aunque fuera por tan solo unos días, la Fiscalía fuera dirigida por el Titular de la Fiscalía Especializada en Control Competencial, Juan Ramos López, segundo en la línea jerárquica de la institución como lo dispone la ley.
Si bien sus funciones no fueron tomadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no tengo problema en creer que este asumió de manera extralegal el control de la Fiscalía General de la República dando instrucciones a Juan Ramos López, violando el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual establece claramente que el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo y, si esto ocurrió, es decir, que el Secretario de Gobernación le dio instrucciones a quien legalmente está a cargo de la Fiscalía en ausencia del Fiscal General, Juan Ramos López debió iniciar una carpeta de investigación en su contra.
Efectivamente, la evidencia del desprecio del Presidente y su equipo por el cumplimiento de la ley seguirá acumulándose hasta el final de la presidencia de López Obrador.
El mejor truco del candidato fue convencer al mundo que respetaría al estado de derecho.
