Las controversias constitucionales promovidas ante la Corte, primero por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y ahora por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en contra de Andrés Manuel López Obrador por su omisión de nombrar a los candidatos para completar cada Pleno, no solo ha aumentado la tensión entre el presidente y los órganos autónomos, sino también pone de relieve la asignación de presupuesto para 2023.
La acción del IFT se da a solo un par de semanas de que se discuta el Paquete Económico para el siguiente año, del cual se desprende la asignación de recursos que ha de ejercerse en la administración pública federal, incluidos ambos órganos reguladores, quienes han visto reducido su presupuesto desde que López Obrador llegó al poder.
Sin duda, el tema presupuestal es uno de los más relevantes, pues dada la coyuntura de la controversia y la próxima discusión del presupuesto no es descartable que, como reacción, AMLO ‘quiera meter tijera con mayor fuerza’ a los autónomos, principalmente a IFT y Cofece
aseguró Michel Hernández Tafoya, director del Observatorio de las Telecomunicaciones de México (Observatel).
Puntualizó que el Ejecutivo ha seguido una especie de “manual para debilitar a los reguladores”, no solo a nivel de presupuesto.
En contraste Miguel Flores Bernés, abogado especialista en Competencia Económica, considera que el presupuesto no debería afectar porque, a pesar de las criticas al presidente, “queda claro que hay una obligación de proveer al Instituto de los recursos suficientes para que pueda cumplir con su función.
Si bien descarta que el presupuesto a los autónomos sea recortado, si llegara a ser el caso, sugiere que el Instituto tendrá que presentar los recursos legales que corresponda para seguir cumpliendo sus funciones.
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Plenos incompletos deja operación limitada
En diciembre del 2021, la Cofece promovió una controversia constitucional a fin de hacer cumplir la Constitución, ya que concluir con la selección de comisionados “resulta una condición esencial para ejercer todas sus facultades”, una acción que el IFT secundó casi ocho meses después.
La motivación de emprender esta acción radica principalmente en el hecho de que, al contar con solo cuatro de los siete comisionados que deberían integrar el Pleno, limita algunas decisiones, como hacer cambios al estatuto interno, la imposibilidad de remover o nombrar a la autoridad investigadora, entre otros, lo que se engloba en la limitación de sus facultades.
Al respecto, Flores Bernés señaló que tanto el IFT como la Cofece están en las mismas circunstancias al no tener el quorum necesario para tomar algunas decisiones, particularmente en materia de competencia económica, barreras a la competencia e insumos esenciales.
El riesgo siempre está. Ahora con cuatro comisionados pueden funcionar ambas instituciones, pero si nos falta uno, ya no va a poder funcionar; ese es un riesgo muy grande y estar corriendo ese riesgo como país es una irresponsabilidad
alertó Flores Bernés.
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Proceso de selección, sin interés para AMLO
Fue el 16 de diciembre de 2020 cuando el titular del Ejecutivo federal sometió a ratificación del Senado de la República la designación de dos comisionadas del IFT, por un periodo de nueve años, contados a partir del 1 de marzo de 2020 y del 1 de marzo de 2021; sin embargo, dichas designaciones fueron rechazadas.
Desde entonces, el presidente López Obrador no ha enviado una nueva propuesta a partir de la lista de aspirantes que le hizo llegar en su oportunidad el Comité de Evaluación, como lo dispone un apartado del artículo 28 de la Constitución.
En entrevista radiofónica, el comisionado Ramiro Camacho explicó que hay tres listas de candidatas, y en cada lista hay distintas mujeres con el examen aprobado, esto significa que de cada una de estas listas, el presidente tiene que elegir una candidata y enviar su propuesta al Senado, quien tiene que votar por dos tercios de mayoría para que éstas sean ratificadas.
