El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la constitucionalidad de la figura de ‘superdelegados’ con el voto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, adscritos a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar.
De esta manera, los 32 ‘delegados del Bienestar’ seguirán en el cargo y con las funciones encomendadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien creó la figura en 2018.
El martes pasado, el máximo tribunal de justicia del país analizó y discutió la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Público Federal (LOAPF) en las que se creó la figura de ‘superdelegados’, pero la votación quedó empatada: cinco ministros se pronunciaron por la validez de esta figura y los otros cinco votaron en contra.
Solo faltaba el voto de la ministra Loretta Ortiz, quien no estuvo en la sesión pasada, por lo que en los primeros minutos de la sesión del lunes, la ministra desempató la votación sobre la constitucionalidad de dicha figura.
Las denominadas delegaciones y programas para el desarrollo tienen como atribuciones coordinar, supervisar e implementar planes (…) de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría del Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo
consideró la ministra.
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Ante el empate, el ministro presidente, Arturo Zaldívar pidió a sus compañeros esperar al regreso de la ministra Ortiz para definir y concluir el asunto.
La ministra indicó que, a su criterio, la figura de los superdelegados no es contraria a la Constitución porque no violenta el concepto de Federación en el que está organizado democráticamente el país.
En consecuencia, los ministros comenzaron a estudiar la controversia constitucional presentada por el gobierno de Michoacán al considerar que esta figura invade sus competencias exclusivas como entidad federativa en cuanto a la utilización de los recursos federales.
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— Suprema Corte (@SCJN) May 23, 2022
La figura de ‘superdelegados’ fungirá como enlace entre las Secretarías de Estado y los gobiernos estatales para supervisar la implementación de los servicios y programas federales en las entidades.
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