Aunque no existe un consenso en su definición, hablar de cuestiones de política industrial es buscar responder los siguientes cuestionamientos ¿Deben los gobiernos apoyar su industria? Si la respuesta es sí, ¿qué tipo de industria y cómo?.
El tema sale a colación porque en cada sexenio vuelve a surgir la necesidad de implementar una adecuada política industrial y con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no podía ser la excepción.
Durante una conferencia matutina, el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O recordó la frase del exsecretario Jaime Serra Puche de que “la mejor política industrial es que no haya política industrial”.
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Pero lo que no hizo el secretario Ramírez de la O fue explicar el contexto en el que se dio esa declaración. Después del agotamiento del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y el desarrollo estabilizador, desde finales de los años 80, México optó por un modelo de apertura comercial.
Para realizar una mejor inserción en los mercados internacionales, se requería una drástica reestructuración y depuración, con cierres o privatizaciones de empresas no rentables en la mayoría de los sectores industriales.
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Así, las industrias que operaban en la comodidad del mercado interno cerrado reclamaron entonces la ausencia de una política industrial. En este sentido, se entiende más fácilmente la frase de Serra Puche durante la época del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
La política industrial no pasa de moda
Los economistas no se ponen de acuerdo sobre la necesidad de que el Estado aplique una política industrial. En este sentido, la política industrial nunca ha dejado de estar ahí y nunca ha pasado de moda.
Lo que los responsables políticos deben entender es que es más importante crear un clima de colaboración entre gobierno y sector privado que suministrar incentivos financieros concretos y directos.
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Así, lo que es innegable, es que cualquier esfuerzo que se denomine política industrial debe buscar favorecer la competitividad de nuestra industria.
¿Qué es lo que se puede hacer para ayudar a las empresas mexicanas a competir en el mercado global?
Por lo menos:
- Mantener estabilidad macroeconómica
- Fomentar la educación a todos los niveles para acrecentar el capital humano -Mejorar la infraestructura de comunicaciones y transportes
- Favorecer la investigación y promover la innovación;
- Flexibilizar el mercado laboral y
- Evitar situaciones en las que se vea restringida la libre competencia, sobre todo en insumos.
Y en caso de que el gobierno opte por otorgar recursos financieros, al menos que busque hacerlo de forma transparente y con rendición de cuentas. Sólo así se evita en gran medida el riesgo del predominio de los intereses especiales o políticos frente al interés general.
La capacidad de reconocer a los triunfadores y perdedores
Y con esto se minimizan las posibles repercusiones negativas sobre la principal queja que existe hacia la política industrial, que es la de que los gobiernos no pueden saber qué sectores terminarán siendo ganadores o exitosos.
Definitivamente no se puede saber. Pero lo mismo sucede en el sector privado, donde la tasa de falla o error es alta. La diferencia, claro, es que en el sector público los recursos son de todos los contribuyentes y en el privado el agente económico es quien arriesga su capital.
Como diría el economista turco Dani Rodrik “lo que determina el éxito en materia de política industrial no es la capacidad para reconocer a los triunfadores, sino la capacidad para abandonar a los perdedores, requisito mucho menos exigente”.
El error se minimiza cuando una selección de sectores se hace con fines económicos y no políticos o buscando cumplir otro tipo de intereses. La cuestión es que los gobiernos reconozcan esos errores y retiren su apoyo a los sectores involucrados antes de que resulten demasiado costosos.
Lo que nunca hay que olvidar es que toda política pública tiene un costo de oportunidad. En un país como México, con escaso margen de maniobra en las finanzas públicas, es necesario focalizar de forma eficiente los recursos de una posible política industrial, una práctica poco arraigada en nuestra clase política.
*James Salazar Salinas es subdirector de análisis económico de CI Banco. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor.
