La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que no existe evidencia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador incurriera en una falta administrativa con el nombramiento del empresario Daniel Chávez Morán como supervisor honorario del Tren Maya.
En un comunicado, la dependencia informó que en febrero recibió un escrito, presentado por el Partido Acción Nacional, en el que se acusaba a López Obrador y el propietario de Grupo Vidanta de haber incurrido en un “conflicto de interés, cohecho y soborno” por el nombramiento, donde también mencionó a dos hijos del empresario y uno del mandatario.
La investigación determinó que no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares
dijo la SFP.
La secretaría acreditó que Chávez Morán no ha recibido ningún sueldo, pago o retribución, por parte de la Administración Pública Federal, ni ejerció las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Además, la SFP descartó irregularidades “en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e instituciones del gobierno federal”.
El señalamiento
La investigación de la SFP ocurrió luego de la publicación de un reportaje que reveló que uno de los hijos del presidente, José Ramón López Beltrán, rentaba una lujosa propiedad en Estados Unidos junto a su pareja, la cual perteneció a un ejecutivo de Baker Hughes, contratista de Pemex.
Al aclarar el origen de los recursos para rentar la casa, López Beltrán dijo que trabajaba como “asesor legal en desarrollo y construcción en KEI Partners, una empresa que pertenece a Érika e Iván Chávez, hijos del dueño de Grupo Vidanta.
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Durante una conferencia matutina en febrero pasado, el presidente negó la existencia de un conflicto de interés por la situación.
“En efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada ni tenemos una relación de negocios, él (Daniel Chávez) no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés”, declaró López Obrador.
En su comunicado, la SFP dijo no tener competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la Administración Pública Federal, ni tampoco los actos celebrados fuera del territorio nacional, “como los que se refieren en el escrito acerca de la empresa KEI Partners”.
